El diputado provincial Francisco Monti presentó un proyecto de ley para reformar el régimen de fueros y desafueros previsto en el Código Procesal Penal de Catamarca, con el objetivo de adecuarlo al criterio vigente a nivel nacional desde hace más de veinte años mediante la Ley 25.320, conocida como “Ley de Fueros”.
La iniciativa propone modificar distintos artículos del Código Procesal Penal provincial para establecer que las inmunidades constitucionales no impidan el avance de investigaciones penales contra legisladores, magistrados y funcionarios públicos.
Según se detalla en los fundamentos del proyecto, la propuesta busca armonizar la normativa provincial con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostiene que los fueros no constituyen inmunidad de proceso, sino únicamente inmunidad de arresto.
De esta manera, el texto prevé que las causas penales puedan avanzar hasta su conclusión, incluyendo la investigación preparatoria, producción de pruebas, elevación a juicio, juicio oral e incluso el dictado de sentencia, sin necesidad de desafuero previo.
Sin embargo, el proyecto aclara que cualquier medida que implique privación o restricción de la libertad del funcionario investigado no podrá ejecutarse hasta tanto se concrete el desafuero, suspensión, remoción o destitución correspondiente.
La iniciativa también establece límites específicos respecto de allanamientos, secuestro de documentación funcional o intervención de comunicaciones vinculadas a la actividad legislativa, medidas que requerirán autorización de la Cámara respectiva cuando puedan afectar el desenvolvimiento parlamentario.
Entre los cambios propuestos, se plantea la sustitución de los artículos 20, 21 y 339 del Código Procesal Penal y la derogación del artículo 22, actualmente vinculado a privilegios constitucionales.
En los fundamentos, Monti sostiene que el objetivo es fortalecer “la independencia funcional de los poderes del Estado, el principio republicano de responsabilidad, la eficacia del sistema de justicia y la confianza pública en las instituciones democráticas”.
