La investigación por la red de clínicas y consultorios ilegales que operaba en el partido bonaerense de La Matanza sigue revelando detalles impactantes sobre el funcionamiento de la falsa prepaga “Argentina Salud”, una estructura que, según sospechan los investigadores, habría servido para blanquear dinero proveniente de bandas dedicadas a la piratería del asfalto.
En el centro de la causa aparecen Alberto Rubén Santarceri y su esposa Noelia Luna, señalados como los principales responsables de la organización. De acuerdo con la investigación encabezada por la Policía Federal y la Justicia bonaerense, el matrimonio montó en pocos años una red de clínicas, farmacias y servicios de emergencias médicas que funcionaban con múltiples irregularidades y personal presuntamente no habilitado.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue el nivel de infraestructura que exhibía la organización. La falsa prepaga promocionaba ambulancias privadas, unidades de emergencia y hasta un helicóptero sanitario utilizado en videos y publicaciones de redes sociales para aparentar solvencia y capacidad operativa. Sin embargo, los peritos sospechan que la aeronave nunca perteneció realmente a la empresa y que habría sido alquilada únicamente para producir imágenes promocionales.
La causa se inició luego de diversas denuncias y tareas de inteligencia desarrolladas por la División Investigación del Robo Organizado de la Policía Federal. Según trascendió, los detectives detectaron inconsistencias en habilitaciones, matrículas profesionales y funcionamiento interno de los centros médicos vinculados a “Argentina Salud”.
Durante los allanamientos realizados esta semana fueron detenidas cerca de 30 personas, entre ellas supuestos médicos, enfermeros y farmacéuticos. Además, las autoridades clausuraron varios establecimientos y secuestraron documentación, sellos médicos, ambulancias y distintos elementos utilizados por la organización.
La investigación también reveló el esquema económico interno de la falsa prepaga. Algunos de los implicados habrían llegado a cobrar hasta 80 mil pesos por guardia médica, mientras que otros profesionales declararon haber trabajado sin conocer completamente las irregularidades de la empresa.
Según fuentes judiciales, una de las hipótesis principales apunta a que el dinero utilizado para expandir el sistema sanitario clandestino provenía de actividades vinculadas al robo de mercadería en tránsito, una modalidad conocida como piratería del asfalto. Los investigadores sostienen que la estructura médica habría funcionado como pantalla para legitimar fondos de origen ilegal.
El caso tomó además una fuerte dimensión pública luego de que familiares de pacientes denunciaran presuntas situaciones de mala praxis y atención deficiente. Días atrás se registraron incidentes frente a una de las sedes de la empresa en González Catán, donde allegados de presuntas víctimas se enfrentaron con empleados del lugar.
