La Asociación del Fútbol Argentino quedó nuevamente bajo la lupa judicial. La Justicia en lo Penal Económico abrió una nueva causa contra la AFA y varios de sus principales dirigentes por una presunta maniobra de evasión impositiva a través del uso de facturas falsas y proveedores considerados “fantasma”.
La investigación alcanza al presidente de la entidad, Claudio Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros directivos vinculados a la conducción del fútbol argentino entre 2023 y 2025.
El expediente quedó en manos del juez Diego Amarante, luego de una denuncia presentada por ARCA y un dictamen del fiscal Claudio Navas Rial, quien sostuvo que existen indicios de operaciones “sin sustento económico real” y documentación presuntamente adulterada para generar beneficios fiscales indebidos.
Según la acusación, las maniobras investigadas habrían involucrado más de 916 millones de pesos facturados entre enero de 2023 y marzo de 2025. El reclamo del fisco supera los 320 millones de pesos, a los que se suman intereses y multas que elevan considerablemente la cifra total.
La pesquisa se centra en el impuesto a las Salidas No Documentadas, un tributo que se aplica cuando no puede identificarse correctamente al destinatario final del dinero o cuando la documentación presentada resulta inconsistente.
Para la fiscalía, no se trató de irregularidades aisladas, sino de un esquema sostenido en el tiempo. El dictamen menciona a 24 proveedores bajo sospecha y describe un patrón repetido: empresas sin actividad verificable, domicilios inexistentes, ausencia de empleados, movimientos bancarios inconsistentes y personas que incluso desconocían formar parte de las sociedades involucradas.
Uno de los casos señalados es el de Central Hotel SRL, una firma dedicada formalmente al rubro hotelero que habría facturado casi 10 millones de pesos por supuestas obras en el predio que la AFA posee en Ezeiza. Sin embargo, la investigación detectó que los cheques utilizados para esos pagos terminaron vinculados a operaciones de compra y venta de ganado, sin relación aparente con los trabajos declarados.
Otro de los ejemplos incluidos en la causa es el de Capadoccia SRL, empresa que emitió facturas por más de 56 millones de pesos por tareas de refacción y subcontratación. Según ARCA, la firma no pudo ser localizada y algunas de las personas que figuraban como socias aseguraron desconocer por completo la existencia de la compañía.
La fiscalía también puso bajo sospecha a Prussian Blue SRL, proveedora de servicios digitales y tecnológicos para la AFA por más de 19 millones de pesos. Durante la investigación, familiares de los supuestos responsables señalaron que estos realizaban “changas” y no tenían conocimientos vinculados a programación, marketing digital o software, lo que alimentó las dudas sobre la autenticidad de las prestaciones facturadas.
En este contexto, Navas Rial consideró que existen elementos suficientes para avanzar con una investigación penal por evasión agravada mediante el uso de facturas falsas. Además, ARCA solicitó que se analice una posible asociación ilícita fiscal debido a la magnitud y reiteración de las maniobras detectadas.
La nueva causa se suma a otro expediente que ya complica a Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la AFA, quienes fueron procesados previamente por presuntas retenciones indebidas de impuestos y aportes por más de 19.300 millones de pesos. Esa resolución todavía debe ser revisada por la Cámara Nacional en lo Penal Económico.
