La causa que investiga el asesinato de Juan Carlos Rojas, el ministro de Desarrollo Social cuyo cuerpo fue hallado sin vida en diciembre de 2022, ha ingresado en un terreno que parece superar los límites de la inoperancia para instalar sospechas mucho más oscuras.
Casi cuatro años sin respuestas siembran demasiadas dudas, y cada paso genera más desconfianza.
La reciente apelación presentada por el abogado de la familia de la víctima, Iván Sarquís, contra la resolución del juez Lucas Vaccaroni -quien rechazó anular el cuestionado ateneo médico forense de Córdoba- expone una trama donde la negligencia parece ser un método y no un accidente. Hoy, el derrotero judicial no hace más que consolidar dos grandes e inquietantes dudas que la sociedad catamarqueña y el país entero exigen responder.
La primera gran duda es, lógicamente, de índole criminal: ¿quién cometió el magnicidio? A casi cuatro años del hecho, la pregunta sigue flotando en un vacío absoluto de certezas.
Se investiga el homicidio de un ministro en funciones, un hecho de una gravedad institucional inusitada, y sin embargo, los avances materiales para dar con los autores intelectuales y materiales son nulos.
La escena del crimen original fue groseramente contaminada, borrando huellas que habrían sido cruciales en las primeras horas. Lejos de despejar las incógnitas sobre los responsables del asesinato, la investigación penal preparatoria se asemeja cada vez más a un laberinto diseñado para desgastar a los denunciantes y diluir las responsabilidades.
Esta alarmante falta de respuestas científicas y policiales conduce directamente a la segunda y más grave duda: ¿la Justicia busca verdaderamente esclarecer el crimen?
La balanza se inclina lentamente a suponer que no, al menos cuando se analiza la cadena de “irregularidades” que rodea el caso
¿Cómo se explica que existan anomalías en el tráfico de comunicaciones del teléfono celular del ministro Rojas precisamente cuando el aparato se encontraba secuestrado bajo la custodia del Ministerio Público Fiscal?
La pérdida de las capturas fílmicas de las cámaras de seguridad del SAE y de los vecinos del entorno ya no puede ser leída como un descuido menor. La realización de la junta médica forense en Córdoba fue la estocada final a la transparencia. Organizar una medida probatoria de semejante magnitud limitando la participación del perito de la querella a una precaria conexión de videoconferencia y obligándolo a enviar mensajes por WhatsApp para sostener su teoría no es garantizar el debido proceso.
Y preocupa porque el resultado de este último ateneo médico es la pieza que puede servir para intentar instalar “mágicamente” que las graves lesiones de Rojas pudieron deberse a un accidente doméstico, abriendo la puerta al archivo definitivo de la causa.
Cuando el aparato judicial pierde registros fílmicos, adultera o descuida el peritaje telefónico en sus propias manos, contamina la escena del crimen y asfixia técnicamente la participación de la querella para imponer un dictamen médico conveniente, la duda se impone.
Y la sociedad sólo puede lamentarse, porque si la justicia no quiere esclarecer el crimen es gravísimo, y si quiere hacerlo y después de casi cuatro años no sabe lo que pasó, es peor.
