La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) transita un laberinto sin salida aparente. Entre demoras críticas en muchas derivaciones, caídas constantes del sistema de validación, el persistente cobro ilegal de plus médico y denuncias por fraudes con recetas electrónicas, los más de 160.000 afiliados cargan sobre sus espaldas el peso de un sistema sanitario provincial en terapia intensiva. El calvario cotidiano del afiliado incluye derivaciones demoradas, con pacientes críticos y tratamientos oncológicos o cardiológicos quedan en pausa semanas enteras debido a trabas burocráticas y fallas de gestión.
Las caídas del sistema, otro punto. Es moneda corriente que las farmacias no puedan autorizar medicamentos ni emitir órdenes por la intermitencia o el colapso de las plataformas digitales.
La orden no alcanza: pese a los convenios y los canales de denuncia habilitados, el pago de montos extra en las consultas privadas sigue exprimiendo el bolsillo del trabajador estatal, porque los años pasan, las quejas se multiplican, pero el plus médico sigue ahí, muerto de risa.
La crisis no es solo operativa, sino de confianza institucional. Los recientes episodios de fraudes detectados con recetas falsas y las tensiones con los afiliados evidencian una desconexión profunda entre la cúpula administrativa y las bases que sostienen financieramente el organismo.
La salud pública y la seguridad social provincial no pueden subordinarse a la burocracia ni al desfinanciamiento crónico ni al negocio. OSEP no es Cáritas: la gente paga por sus servicios. Se requieren auditorías reales, transparencia en la cartilla de prestadores y un compromiso firme del Estado para garantizar que el derecho a la salud de los catamarqueños deje de ser una moneda de cambio o un privilegio condicionado al sufrimiento diario en las filas de la sede central.
¿O será que interesa más privatizar la salud?
