El reciente acuerdo marco alcanzado entre el Gobierno de Catamarca y la Dirección Nacional de Vialidad, bajo el aval directo de los ministros nacionales, introduce un drástico giro en la administración de la infraestructura local: la provincia asumirá de forma directa, y con recursos propios, la rehabilitación y el bacheo de 180,6 kilómetros de las rutas nacionales 38, 60 y 157.
Detrás del argumento oficial de garantizar la transitabilidad ante la parálisis total de la obra pública nacional, se esconde una concesión alarmante: Catamarca quedó formalmente habilitada para estructurar e implementar un sistema de cobro de peajes en estos corredores neurálgicos.
Este traspaso, lejos de ser una victoria federalista, asoma como una transferencia del ajuste fiscal hacia los ciudadanos. El texto estipula de forma taxativa que la administración provincial financiará la totalidad de las intervenciones viales sin posibilidad de solicitar reembolsos o compensaciones al Estado nacional.
El trasfondo más inquietante radica en la cláusula que faculta la instalación de cabinas de cobro, una llave que sectores críticos y del poder local observan bajo una lupa de sospecha, alertando sobre la potencial cartelización de los contratos viales en favor de grupos empresariales históricamente ligados a la obra pública del entorno gubernamental.
La instrumentación de peajes bajo este esquema plantea interrogantes severos sobre una doble imposición al contribuyente, quien ya financia la infraestructura mediante los impuestos específicos a los combustibles.
Mientras las autoridades aclaran que los valores y la ubicación de las cabinas requerirán estudios de flujo vehicular complementarios, delegados viales ya advierten que el costo para los usuarios de la región podría ser desproporcionadamente elevado debido al menor caudal circulatorio comparado con otros corredores nacionales.
Garantizar la seguridad vial es un deber ineludible, pero utilizar la asfixia presupuestaria central como pretexto para abrir canales de recaudación discrecional debilita la confianza institucional. Corresponde exigir máxima transparencia y control público en los futuros pliegos de concesión y en los convenios complementarios. De lo contrario, las rutas de Catamarca dejarán de ser vías de desarrollo para transformarse en un lucrativo negocio corporativo solventado, una vez más, por el bolsillo de los trabajadores.
Al final… Elpidio era un visionario, porque hacía lo mismo hace años, aunque sin convidarle al grupo Mogetta.
