La desastrosa investigación penal por el asesinato del exministro Juan Carlos Rojas camina a paso firme hacia el peligroso terreno de la confusión planificada. A casi cuatro años de aquel diciembre de 2022 que sacudió la estructura política y social de la provincia (en realidad a la social, porque la política siguió como si nada), los recientes decretos y resoluciones judiciales exponen un entramado de omisiones, contradicciones y pérdidas de evidencia que parecen desbordar la mera impericia técnica.
Hoy, el expediente parece más enfocado en ramificar las sospechas hacia el entorno familiar que en dar respuestas institucionales sobre su propio y rotundo fracaso inicial.
Con entusiasta aliento mediático, la figura de Carlos Fernando Rojas, hijo de la víctima, ha sido otra vez colocada bajo el foco de las sospechas. Sin embargo, la construcción de esta narrativa no puede transformarse en un cómodo chivo expiatorio para exculpar al Estado.
El rigor histórico y procesal exige recordar un dato fundamental: no fue el hijo del ministro quien instaló públicamente la flagrante mentira de la “muerte natural”. Ese apresurado diagnóstico -que pretendió cerrar el caso antes de abrirlo- provino de las propias entrañas del aparato judicial y policial interviniente, cuyas máximas autoridades tardaron horas fatales en reconocer que se enfrentaban a un homicidio violento.
El verdadero escándalo radica en la cuestionada e incomprensible actuación de quienes debían custodiar la verdad. Las actas revelan que el primer día del procedimiento se ignoraron elementos criminalísticos de primer orden: no se secuestraron los anteojos de la víctima, se pasaron por alto cabellos visibles en su cuerpo y se dejaron dos juegos de llaves expuestos en las fotografías oficiales sin registrar su cadena de custodia. Peor aún, la posterior reinspección del lugar expuso una escena totalmente profanada: mientras los fiscales y los equipos técnicos esperaban inexplicablemente en la vereda, puertas adentro se ejecutaba una “limpieza drástica” que alteró al menos 15 de los 33 indicios originalmente marcados.
A esta grosera cadena de irregularidades se suma la profunda duda sobre el origen y la preservación de las pruebas tecnológicas. Las fotografías clave que retratan la mutación de la escena no provienen de un resguardo pericial estricto, sino del teléfono celular particular de un agente policial; un dispositivo que luego fue entregado a un tercero para uso personal, destruyendo la posibilidad de auditar sus metadatos de forma directa.
Que la justicia deba recurrir hoy a convenios de asistencia con universidades privadas (como el INFO-LAB de la UFASTA) para realizar pericias de cuantización y ruido de imagen que determinen si las fotos son reales o manipuladas, es la prueba más palmaria de la desconfianza que genera su propio procedimiento.
La justicia duda de sí misma. La justicia desconfía de su propia labor y la de sus auxiliares, y es la propia justicia quien lo admite a través de las últimas decisiones.
No es el hijo de la víctima el responsable de que los laboratorios forenses locales carezcan del equipamiento básico para resolver un caso de esta magnitud. Tampoco es el entorno familiar el que lleva casi cuatro años de idas, vueltas, secretos de sumario y nulos resultados en el esclarecimiento.
Depositar la carga de la sospecha exclusivamente en las maniobras domésticas es una estrategia estéril si no se investiga, con el mismo énfasis, la negligencia o la complicidad de los funcionarios que permitieron que la escena se lavara ante sus ojos. El paso del tiempo conspira contra la verdad, pero en el caso Rojas, todo indica que ha sido la propia justicia la que se ha encargado de borrar sus huellas.
¿O no es fiscalía la que busca desentrañar el origen de las pruebas incorporadas por fiscalía? Eso explica por qué estamos en el tramo final de 2026 sin una certeza y sin detenidos, por un crimen cometido en 2022.
Todo se hace mal. ¿O se hace según lo planeado para que nada se resuelva?
