El concejal Gustavo Aguirre presentó un proyecto de ordenanza para crear un “Régimen Excepcional y Transitorio de Alivio y Reordenamiento Financiero de las Familias y Trabajadores Municipales”, una iniciativa destinada a acompañar a personas que atraviesan situaciones de sobreendeudamiento y dificultades para cumplir con sus obligaciones sin afectar necesidades esenciales.
La propuesta plantea utilizar herramientas municipales para refinanciar y reorganizar deudas, mediante la intervención de la Caja de Crédito Municipal, el sistema de liquidación de haberes y servicios de orientación y atención.
Según se detalla en la iniciativa, el régimen contempla la refinanciación de créditos vigentes o en mora con la Caja, la sustitución y consolidación de deudas de alto costo, una línea destinada a gastos familiares esenciales y un servicio gratuito de orientación financiera.
Además, establece que los descuentos voluntarios procesados sobre ingresos municipales no podrán superar, como regla general, el 30% del ingreso neto disponible, con excepción de las obligaciones alimentarias.
El principio de esfuerzo compartido
Uno de los puntos centrales del proyecto es la exigencia de que los acreedores también realicen un esfuerzo para alcanzar una solución financiera. La propuesta establece que, antes de cualquier pago, deberá verificarse la existencia y composición de la deuda, excluyendo conceptos improcedentes, abusivos o que no puedan ser acreditados.
En el caso de deudas con entidades autorizadas, se exigirá una quita mínima del 20% sobre el saldo legítimamente verificado. Para obligaciones con acreedores particulares, se eliminarán los intereses y accesorios pendientes y se requerirá una reducción mínima del 25% sobre el capital residual comprobado, sin establecer un límite máximo para esa quita.
Aguirre explicó que la intención es que una deuda que se volvió difícil de afrontar pueda transformarse en una obligación sostenible, utilizando herramientas locales sin comprometer los fondos públicos.
Controles para evitar fraudes
El proyecto también incorpora mecanismos de control para garantizar la transparencia de las operaciones. Los fondos no serán entregados directamente al solicitante, sino que deberán ser transferidos al acreedor previamente verificado o depositados judicialmente.
El pago únicamente podrá concretarse cuando permita la cancelación total y definitiva de la deuda anterior. Luego, la persona beneficiaria celebrará un nuevo contrato con la Caja y devolverá el monto efectivamente desembolsado en condiciones compatibles con su capacidad real de pago.
La iniciativa excluye expresamente a compradores o cesionarios de carteras morosas, agencias de cobranza, gestores de recupero, prestamistas informales habituales y acreedores vinculados con la persona solicitante.
Asimismo, no se admitirán operaciones sin trazabilidad bancaria completa ni préstamos realizados mediante mecanismos que no permitan verificar el origen y destino de los fondos.
Un régimen con duración limitada y controles periódicos
La propuesta establece que el régimen tendrá una vigencia de doce meses y sólo podrá ser prorrogado una vez mediante una nueva ordenanza fundada.
La Caja deberá identificar contablemente los recursos utilizados y presentar informes trimestrales ante el Concejo Deliberante sobre la cantidad de solicitudes, montos otorgados, tasas, reducción de cuotas, niveles de morosidad, recupero y recursos utilizados.
La información deberá presentarse de manera agregada y anonimizada.
Entre los principales objetivos de la iniciativa se encuentra brindar una alternativa a quienes necesitan reorganizar sus compromisos financieros, garantizando al mismo tiempo controles estrictos sobre el uso de los recursos públicos y exigiendo reducciones reales a los acreedores para evitar que el municipio financie deudas en condiciones desfavorables.
