Todo se dijo ya sobre las bondades del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) como anhelado imán para atraer inversiones, generar divisas y reactivar la economía, pero al mismo tiempo comienzan a calcularse las pérdidas (o lucros cesantes) que genera, por todo lo que dejará de percibir el país. Y a esta altura, en que todo está en veremos, no queda claro qué resultado dará el balance, cada vez más señalado como el típico plan de pan para hoy y hambre para mañana.
Estas alertas surgen porque el RIGI tendrá un costo fiscal para el Estado, al menos, de 1.069 millones de dólares anuales y su mayor impacto en la pérdida de recaudación se sentirá en el próximo mandato presidencial, entre 2029 y 2033, cuando los proyectos aprobados entren en etapa de producción. En caso de que se apruebe también el anunciado Súper RIGI, se profundizará el costo fiscal por la baja de Ganancias, el tributo de mayor incidencia en los beneficios otorgados a las empresas.
Así lo explicó un amplio informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que además insiste en la venta de humo que hubo alrededor del RIGI, sistema que hizo que muchas empresas se subieran al tren sin aportar ningún ingreso nuevo.
Por caso, lejos de traer “nuevas” inversiones, 7 de los 12 proyectos ya aprobados por el RIGI habían sido anunciados públicamente antes de la aprobación del régimen.
“Esto sugiere que el RIGI no está generando necesariamente inversiones nuevas, sino otorgando beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios extraordinarios a proyectos que probablemente se hubieran desarrollado de todos modos”, sostiene el informe.
El informe también relativiza los logros del RIGI respecto de incentivar inversiones privadas al precisar que el 68,5 por ciento de las inversiones comprometidas corresponden a tres proyectos… de la estatal YPF.
El informe precisa que el régimen votado por el Congreso dentro de la Ley Bases tiene como principales beneficios para las empresas la reducción de derechos de exportación al 0 por ciento -que ya estaba vigente para petróleo, gas, oro y cobre-, la alícuota del Impuesto a las Ganancias -de 35 por ciento a 25 por ciento-, la exención a los aranceles de importación de bienes de capital y certificados del crédito fiscal en la etapa preoperativa.
El análisis (a partir de los datos del Ministerio de Economía, Jefatura de Gabinete y las proyecciones de las empresas) indica que los 12 proyectos aprobados tendrán exportaciones por 28.141 millones de dólares (en la etapa de plena producción), con un costo fiscal base de 1069 millones de dólares, que podría variar entre 786 y 1.395 millones entre escenarios de menor o mayor exportación.
El CEPA precisa que de los 12 proyectos aprobados, solo “El Quemado” fue inaugurado, mientras que el resto se encuentre en etapa de construcción hasta 2028; por lo que el beneficio de mayor impacto para el costo fiscal es en esta etapa de exenciones a las importaciones y los certificados de crédito fiscal, que calcula en un costo fiscal estimado de entre 300 y 560 millones por año.
En ese punto, el documento advierte que el mayor impacto se sentirá, a partir de 2028, cuando los proyectos ingresen en etapa de plena producción y la reducción de la alícuota en Ganancias genere una pérdida recaudatoria de 545 millones de dólares anuales.
El Gobierno argumentó que “no contempla ingresos provenientes de las actividades económicas generadas en el marco del RIGI, con lo cual no hay afectación alguna al equilibrio fiscal,” debido a que las inversiones no existirían sin el régimen.
Sin embargo, el CEPA revisó con archivo de medios especializados los anuncios públicos de los proyectos que integran el RIGI y documentó, como se dijo, que 7 de los 12 ya habían sido anunciados públicamente, contaban con estudios avanzados e inversiones realizadas.
