El exjefe del Departamento de Folio Real del Registro de la Propiedad Inmueble, Paulo Ibáñez, confirmó que quedó firme su sobreseimiento en la causa vinculada al caso Adhemar Capital y aseguró que la Justicia determinó que el hecho por el cual había sido imputado “nunca existió”.
En diálogo con Catamarca es Noticia, Ibáñez explicó que la resolución dictada por el Juzgado de Control de Garantías quedó firme luego de que no prosperara la apelación impulsada por Fiscalía de Estado.
“El sobreseimiento no fue por falta de pruebas, sino porque el hecho imputado nunca existió. A mí me acusaban de haber dado una orden para no cargar determinadas propiedades y eso jamás pudo probarse porque simplemente no ocurrió”, sostuvo.
Además, remarcó que el Ministerio Público Fiscal no acompañó la apelación presentada por Fiscalía de Estado, lo que interpretó como una señal de que la decisión judicial era “inapelable”.
Cuestionamientos a la investigación
Ibáñez apuntó contra el accionar de las autoridades del organismo durante la investigación y responsabilizó especialmente a la entonces directora del Registro de la Propiedad.
“Desde el primer momento direccionaron la investigación hacia mi persona. Cuando declaró, únicamente habló de mí y avanzaron rápidamente con medidas administrativas y judiciales en mi contra”, afirmó.
En ese sentido, cuestionó que haya sido suspendido y posteriormente exonerado antes de que existiera una sentencia firme en la causa penal.
También denunció desigualdad en el tratamiento de los imputados durante la investigación judicial.
“En menos de 24 horas allanaron mi casa y secuestraron mi teléfono celular, mientras que otras personas imputadas no fueron sometidas a las mismas medidas. Eso demuestra claramente una direccionalidad en la investigación”, expresó.
El origen de la causa
Según explicó, la investigación surgió a partir de la falta de registración de dos inmuebles vinculados a Edgar Adhemar Bacchiani en la base de datos del Registro de la Propiedad.
Ibáñez indicó que esas cargas debían realizarse en enero de 2022, aunque aseguró que durante esos días no se encontraba prestando funciones en el organismo.
“Había otras personas trabajando y, ya sea por error o por una conducta intencional, esas propiedades no fueron cargadas en el sistema”, señaló.
Asimismo, aseguró que las declaraciones de las otras imputadas presentaban contradicciones sobre cómo y cuándo supuestamente él habría dado la orden cuestionada.
Reclamo para recuperar su cargo
El exfuncionario confirmó además que inició acciones judiciales para recuperar su puesto laboral y sostuvo que la Corte de Justicia deberá resolver ahora el planteo contencioso administrativo presentado tras su exoneración.
“La Corte ya declaró admisible la presentación y, con el sobreseimiento firme, considero que corresponde declarar ilegítima mi exoneración y ordenar mi reincorporación”, afirmó.
Finalmente, aseguró que continuará avanzando judicialmente “hasta las últimas consecuencias”.
“Lo único que busco es justicia. Lo que hicieron conmigo fue una aberración y voy a seguir defendiendo mi nombre”, concluyó.
