El Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia y la Defensoría del Pueblo de Catamarca firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional que permitirá avanzar en la creación del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, una herramienta impulsada por estándares internacionales de derechos humanos y contemplada por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT).
La firma del convenio contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil y el vicegobernador Rubén Dusso. El documento fue suscripto por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el defensor del Pueblo, Dalmacio Mera; y el secretario de Seguridad, Gastón Venturini Quiroga.
El acuerdo establece un marco de cooperación institucional de carácter preparatorio y transitorio para coordinar acciones orientadas a prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en todos los lugares de privación de libertad de la provincia, en cumplimiento de los compromisos asumidos por la Argentina en materia de derechos humanos.
Entre los ejes centrales del convenio se encuentran la elaboración de un Plan Provincial de Adecuación a las recomendaciones del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el intercambio de información entre organismos, la elaboración de protocolos de actuación, la capacitación del personal y la generación de herramientas técnicas que faciliten la futura puesta en marcha del mecanismo local.
Durante el acto, el defensor del Pueblo, Dalmacio Mera, señaló que la iniciativa comenzó a gestarse a fines del año pasado como respuesta a una deuda institucional que mantiene la provincia. “Desde fines del año pasado venimos trabajando junto al Ministerio de Gobierno para dar respuesta a una deuda que tiene la provincia de Catamarca, vinculada a la creación de un mecanismo local que permita prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”, afirmó.
Mera explicó que la firma del acuerdo representa el punto de partida para desarrollar acciones preventivas y avanzar con el proyecto de ley que dará sustento jurídico al futuro organismo provincial. En ese sentido, adelantó que ya se iniciaron contactos con legisladores para impulsar la iniciativa en la Legislatura y remarcó que el objetivo es adecuar la normativa provincial a los estándares internacionales establecidos por Naciones Unidas y el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.
