Casi forzado por el impacto social del caso de bullying en el Colegio Pía Didoménico, el gobernador Raúl Jalil atinó a decir que “la justicia no actuó bien”, una declaración que dejó perplejos a todos.
Ocurre que la paradoja del poder absoluto siempre termina devorando a sus propios arquitectos, y el gobernador acaba de firmar el prólogo de su propio desencanto institucional. En un giro discursivo que muestra una amnesia conveniente, el mandatario provincial ha comenzado a alzar la voz contra el funcionamiento del Poder Judicial local.
Las críticas públicas de Jalil a los funcionarios y los tiempos de la justicia no serían más que un legítimo reclamo ciudadano si no fuera por un detalle central y demoledor: el sistema judicial al que hoy fustiga es el mismo que él se encargó de moldear, ampliar y colonizar a la medida de sus necesidades políticas durante sus años de gestión.
El malestar del gobernador con “su” justicia deja al desnudo el fracaso de una estrategia de cooptación institucional que priorizó la obediencia por sobre la idoneidad. Al inicio de su mandato, bajo el amparo de reformas legislativas exprés y la ampliación de los miembros de la Corte de Justicia provincial, el oficialismo jalilista liquidó cualquier vestigio de independencia judicial. Las vacantes estratégicas y los nuevos despachos creados no se concursaron bajo criterios de excelencia penal o constitucional, sino que se distribuyeron como premios de militancia, favores familiares o salvoconductos de impunidad para el funcionariado saliente.
Hoy, cuando el humor social ruge ante la ineficacia de los tribunales, el gobernador intenta ensayar una pirueta de desmarque. Pretende colocarse en el lugar del observador indignado, como si la parálisis de los tribunales fuera un fenómeno meteorológico ajeno a sus decretos y designaciones. Criticar la inacción quienes fueron seleccionados precisamente por su docilidad política es una contradicción que la sociedad catamarqueña ya no asimila en silencio; el monstruo burocrático y complaciente que el Ejecutivo alimentó para blindarse ahora le resulta disfuncional ante las demandas de una provincia agotada de privilegios corporativos.
Esta repentina ofensiva discursiva contra la corporación judicial expone, además, el peligro de los feudos institucionales modernos, donde la división de poderes se transforma en una ficción de escritorio. Jalil descubre tarde que una justicia sometida al poder político carece de la legitimidad necesaria para pacificar los conflictos sociales o arbitrar con autoridad moral. Quizás si los apellidos involucrados fueran otros, hubiera actuado mejor.
Pero al debilitar los mecanismos de control y transparentar la sumisión de la toga al palacio de gobierno y sus amigos, el mandatario provincial procreó una estructura ineficiente que hoy se le vuelve en contra ante la mirada de una ciudadanía desamparada.
La justicia militante resulta ser, al final del camino, un bumerán político de dimensiones impredecibles. Cuando un gobernante moldea los tribunales para su exclusivo servicio y blindaje, abdica del derecho a exigirles luego eficiencia, celeridad y justicia real para el pueblo que lo votó. Las quejas públicas del mandatario no son un acto de rebeldía o de vocación reformista de última hora; son la confesión explícita de un fracaso estructural y el reconocimiento implícito de que el control absoluto de las instituciones, tarde o temprano, termina asfixiando al propio poder que intentaba proteger.
No obstante, Jalil dijo la verdad. La justicia no actuó bien. Como tampoco lo hizo en el crimen de Rojitas, en las denuncias por corrupción y en tantos otros casos. ¿Quién habrá hecho desaparecer el Consejo de la Magistratura para llenar las oficinas judiciales de amigos obedientes?
El catucho
