El sobreseimiento total y definitivo de Edgar Adhemar Bacchiani y Zaraive Celeste Garcés Rusa en una causa por presunta evasión de aportes y contribuciones a la Seguridad Social generó una fuerte reacción del abogado querellante Alfredo Alejandro Aydar, quien cuestionó los fundamentos de la resolución y reclamó respuestas para los miles de damnificados por la operatoria de Adhemar Capital.
El juez federal Miguel Ángel Contreras dispuso el cierre de la causa tras considerar aplicable la Ley 27.799, conocida como Ley de Inocencia Fiscal, que elevó los montos mínimos para que determinadas conductas configuren delitos tributarios. La decisión se sustentó en el principio de aplicación retroactiva de la ley penal más benigna.
La investigación se había iniciado a partir de una denuncia por presuntas irregularidades en el ingreso de aportes y contribuciones al Sistema Único de Seguridad Social. El perjuicio fiscal atribuido ascendía a $14.036.266,94 por los períodos fiscales 2021, 2022 y 2023.
Aydar, quien lleva más de cuatro años interviniendo en representación de damnificados, cuestionó que la resolución se analice de manera aislada y sostuvo que la discusión debe contemplar el desarrollo integral de las investigaciones.
“La ley penal más benigna no puede convertirse en una excusa para dejar de investigar”
El letrado reconoció que la aplicación retroactiva de una norma penal más favorable constituye una garantía constitucional, pero advirtió sobre los alcances que se le atribuyen al sobreseimiento.
“Una cosa es reconocer la aplicación de una ley penal más benigna y otra muy distinta es pretender que esa decisión borre los hechos históricos investigados o impida examinar otras responsabilidades penales”, sostuvo.
En esa línea, remarcó que el cierre de la causa por evasión previsional no implica, por sí mismo, una declaración de inocencia respecto de las denuncias por presuntas estafas que involucran a la firma.
“El sobreseimiento por evasión no significa que Bacchiani sea inocente de las estafas”, planteó, al insistir en que deben diferenciarse los objetos procesales de cada investigación.
Para Aydar, la modificación de los umbrales de punibilidad puede excluir determinadas conductas del ámbito penal tributario, pero no elimina automáticamente eventuales responsabilidades civiles, laborales, previsionales o vinculadas con otros delitos.
Cuestionamientos al juez y a la Fiscalía Federal
El abogado también puso el foco en el accionar del Ministerio Público Fiscal, que dictaminó a favor del sobreseimiento al considerar que los montos atribuidos no superaban los nuevos límites establecidos por la legislación.
Aydar sostuvo que el deber de objetividad de los fiscales exige tanto evitar acusaciones sin sustento como garantizar que se investiguen todas las hipótesis relevantes.
“El Ministerio Público Fiscal no está para sostener acusaciones que carecen de fundamento. Pero tampoco puede limitar su actuación a verificar que determinados montos quedaron por debajo de un nuevo umbral si existen otras hipótesis delictivas que merecen ser examinadas”, expresó.
Asimismo, cuestionó el papel del magistrado al señalar que los jueces deben ejercer un control efectivo sobre las actuaciones y fundamentar debidamente sus resoluciones.
“Los jueces no son simples homologadores de dictámenes fiscales. Tienen la obligación constitucional de fundamentar sus resoluciones y ejercer el control que corresponde dentro del sistema procesal”, manifestó.
No obstante, el querellante reconoció que si los hechos atribuidos efectivamente quedaron fuera de los límites de punibilidad establecidos por la nueva legislación, la aplicación de la ley penal más benigna constituye una obligación legal.
“Después de cuatro años, la pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde está el dinero?”
Más allá de la discusión jurídica sobre el sobreseimiento, Aydar insistió en que la principal preocupación de los damnificados continúa siendo la recuperación de sus ahorros y el esclarecimiento del destino de los fondos.
“Hace cuatro años que venimos formulando denuncias, impulsando investigaciones y reclamando medidas concretas. Mientras tanto, miles de familias siguen esperando recuperar el dinero que entregaron”, sostuvo.
El abogado reclamó profundizar las investigaciones patrimoniales, financieras y societarias para determinar qué ocurrió con los activos de las empresas involucradas y establecer quiénes pudieron haber participado o beneficiado de las operaciones investigadas.
“¿Dónde están los fondos? ¿Qué ocurrió con el patrimonio de las empresas involucradas? ¿Qué bienes fueron identificados? ¿Cuántas víctimas pudieron recuperar efectivamente sus ahorros?”, planteó.
A su entender, una investigación de esta magnitud no debe limitarse a quienes aparecen formalmente al frente de las sociedades, sino que debe reconstruir el circuito económico y determinar eventuales responsabilidades a partir de pruebas.
Duras críticas a la Justicia Federal de Catamarca
Aydar también expresó su preocupación por el funcionamiento de la Justicia Federal y cuestionó lo que considera una sucesión de decisiones que afectan la credibilidad institucional.
“Lo que estamos presenciando en Catamarca es verdaderamente alarmante”, afirmó.
El abogado sostuvo que las investigaciones deben avanzar con independencia, sin condicionamientos políticos o económicos, y reclamó que se esclarezcan todas las posibles responsabilidades vinculadas con la operatoria financiera.
“La independencia de los jueces no se demuestra con discursos. Se demuestra cuando investigan sin mirar apellidos, cargos, relaciones personales o pertenencias políticas”, sostuvo.
En ese sentido, advirtió que la existencia de vínculos comerciales, políticos o personales no constituye por sí misma un delito, pero tampoco debe convertirse en un impedimento para investigar cuando existen elementos objetivos que lo justifiquen.
“No vamos a abandonar a las víctimas”
En el tramo final de sus declaraciones, Aydar ratificó que continuará impulsando las acciones judiciales en representación de los damnificados y reclamando que se esclarezcan los hechos.
“No queremos jueces que condenen por presión pública ni fiscales que acusen sin pruebas. Queremos jueces independientes, fiscales que investiguen seriamente y una Justicia que no distinga entre ciudadanos comunes y personas poderosas”, sostuvo.
Finalmente, dejó una reflexión sobre el impacto institucional de la causa Adhemar Capital y la respuesta del sistema judicial frente a los ahorristas perjudicados.
“El verdadero fracaso es que el Estado no logre esclarecer los hechos, recuperar los activos y brindar respuestas a miles de personas que reclaman justicia”, concluyó.
