El oficialismo dio un paso clave en la Cámara de Diputados y logró dictamen para avanzar con la modificación de la Ley de Glaciares, un proyecto que genera fuerte controversia y que el Gobierno busca llevar al recinto este miércoles.
Con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales, la iniciativa reunió 37 firmas sobre un total de 66 en el plenario de las comisiones de Ambiente y Asuntos Constitucionales. Ese número le permitió al oficialismo imponerse con un dictamen de mayoría y encaminar el debate hacia una eventual sanción.
Del otro lado, la oposición se alineó en rechazo. Unión por la Patria y Provincias Unidas presentaron dictámenes propios, mientras organizaciones sociales y sectores políticos convocaron a movilizarse frente al Congreso. El eje de la protesta apunta a lo que consideran una flexibilización de la protección ambiental.
El debate en comisiones no estuvo exento de tensiones. La selección de expositores generó cruces desde el inicio, ya que participaron principalmente funcionarios nacionales y representantes de provincias con fuerte actividad minera, como Catamarca, Jujuy, Mendoza, San Juan y Salta. Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro cuestionó la decisión y denunció la exclusión de especialistas propuestos por otros bloques.
También hubo cuestionamientos hacia el secretario de Minería, Luis Lucero. La diputada Myriam Bregman puso en duda su rol al recordar una denuncia penal en su contra y su pasado como asesor de empresas del sector.
A esto se sumaron críticas basadas en un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que advirtió sobre transferencias millonarias a provincias en la previa del tratamiento legislativo, lo que alimentó sospechas en la oposición.
En el fondo, la discusión vuelve a girar sobre un eje conocido: desarrollo versus ambiente. Desde el oficialismo y los gobernadores de provincias mineras defienden la reforma con el argumento de que la ley actual frena inversiones y limita la generación de empleo. El gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, sostuvo que no se trata de eliminar la norma sino de adaptarla para acompañar el crecimiento productivo.
En la misma línea, funcionarios nacionales rechazaron las críticas y hablaron de una “campaña del miedo”. El propio Lucero relativizó el impacto de ciertos tipos de glaciares en el sistema hídrico, mientras que desde el área ambiental del Gobierno insistieron en que la legislación vigente terminó por paralizar tanto la actividad minera como el estudio de los recursos.
