La abogada querellante Silvia Barrientos manifestó su rechazo a la prisión domiciliaria temporal concedida al sacerdote Renato Rasgido, condenado por abuso sexual, y aseguró que la víctima nunca fue informada ni consultada sobre el pedido que derivó en la medida.
La letrada señaló que tomó conocimiento de la resolución a través de los medios de comunicación y que, ante esa situación, se comunicó con el Juzgado de Ejecución Penal para solicitar explicaciones.
“Me sorprendió enterarme por los medios. Soy la abogada de la víctima y jamás fuimos consultados ni notificados sobre este trámite”, afirmó.
Según relató Barrientos, el juez le informó telefónicamente que Rasgido habría sido sometido a una intervención quirúrgica por un problema de salud y que, como parte de su recuperación, se dispuso una prisión domiciliaria temporal. No obstante, cuestionó que la querella no haya tenido acceso a la documentación que respaldó la decisión judicial.
“Todo surge de una explicación telefónica. Nunca se nos corrió traslado de ningún informe médico ni de ninguna actuación. Tampoco pudimos designar un perito de parte ni intervino el Cuerpo Interdisciplinario Forense para determinar si la patología realmente justificaba una domiciliaria”, sostuvo.
La abogada remarcó que la víctima tiene derecho a conocer los fundamentos de una medida de estas características y a participar del proceso de ejecución de la pena.
Barrientos también expresó su malestar por el tiempo que demandó la causa hasta alcanzar una condena firme. “Nos llevó diez años llegar a juicio y casi dos años más para que la condena comenzara a cumplirse efectivamente. Hoy nos encontramos con que se le concede una prisión domiciliaria”, señaló.
Asimismo, consideró que detrás de la situación persiste una estructura de poder que continúa beneficiando al sacerdote condenado. “Esto demuestra que existe un poder que va más allá del de cualquier ciudadano común. Es un poder eclesiástico que todavía lo ampara”, afirmó.
Finalmente, cuestionó el lugar elegido para el cumplimiento de la medida, al advertir que se trata de una institución religiosa donde concurren niños y niñas para actividades de catequesis y que además se encuentra próxima a una escuela.
“Durante mucho tiempo se sostuvo que ya no era sacerdote, pero los hechos demuestran otra cosa. Sigue manteniendo una posición de influencia y eso genera preocupación para la comunidad”, concluyó la querellante.
