A más de tres años y medio del brutal homicidio de Juan Carlos “Rojitas” Rojas (ocurrido en diciembre de 2022), la investigación judicial se encuentra en una etapa crítica, marcada por la desconfianza y envuelta en fuertes cruces entre la fiscalía y el entorno de la víctima.
Actualmente, la causa tiene como única imputada a Silvina Nieva, pero el proceso sigue sin esclarecer formalmente la autoría material del hecho y tampoco hay una hipótesis firme. Es una situación que podrían ser entendible un par de días después del crimen, pero inexplicable rumbo a cumplir los cuatro años de investigación.
Después del papelón de anunciar una muerte natural y el consecuente jury al fiscal que terminó en la nada, el fiscal Hugo Costilla reactivó formalmente la línea investigativa sobre el círculo íntimo del exministro. Apunta a Fernando Rojas (hijo de la víctima), bajo la hipótesis de que realizó “maniobras de limpieza” y alteración de la escena para entorpecer la causa.
Basado en informes policiales, el fiscal sostiene que se alteraron 15 de 33 indicios en la vivienda. Específicamente investigan un lapso de dos horas (el 4 de diciembre de 2022, entre las 18 y las 20) en el que la casa quedó bajo control del hijo, espacio en el que presuntamente se limpió el cuerpo y el suelo.
El abogado querellante, Iván Sarquís, rechazó tajantemente esta hipótesis. Argumentó que la propia Justicia entregó las llaves del inmueble a la familia y acusó a la fiscalía de ingresar en una “circularidad eterna” para desviar la atención de los verdaderos culpables.
Ahora la Justicia ordenó cotejar un grupo de huellas dactilares halladas en la casa de Rojas y en un vehículo del gremio de los gastronómicos con las del dirigente Luis Barrionuevo. Fuentes judiciales aclaran que es una medida formal para “cerrar cabos” y blindar el expediente ante futuros cuestionamientos, más que una imputación directa.
El fiscal también ordenó realizar pericias urgentes sobre restos biológicos y supuestas manchas de sangre lavada que fueron recolectadas en el lugar del hecho.
La familia denuncia que la fiscalía y la policía perdieron registros de cámaras de seguridad clave y estropearon la escena del crimen durante los primeros días. Cabe recordar que inicialmente las autoridades intentaron instalar la hipótesis de una “muerte natural” o “caída accidental”.
Por eso el entorno de “Rojitas” manifestó públicamente su temor de que la Justicia busque “acomodar el expediente” para cerrarlo definitivamente sin encontrar a los culpables. También criticaron que los informes telefónicos y los registros de geolocalización de Google aportados a la causa sigan siendo considerados “insuficientes” por los investigadores.
Vueltas y más vueltas, giros inconducentes hasta ahora, mientras la línea de Desarrollo Social, las deudas y la posible timba en financieras parece haber sido dejada de lado, aunque el dinero es para muchos el móvil del asesinato.
La justicia está en deuda, los años pasan y ya nadie tiene claro si quiere esclarecer o encubrir lo que realmente ocurrió.
Mientras tanto, siguen rondando versiones muy fuertes, que hasta aquí no son corroboradas ni desmentidas, muchas de las cuales estarían plasmadas en el mismo expediente.
Se mencionaría por ejemplo el incierto destino de las imágenes de una cámara de seguridad de una vivienda ubicada al frente del domicilio de Rojas, presuntamente intervenida por una persona allegada a UTHGRA.
Se afirma que esta persona fue al domicilio, obtuvo lo que buscaba, y luego la policía se dio con la sorpresa, al revisar esos archivos, con que la filmación disponible sólo registra desde la llegada de Fernando Rojas, en horas del mediodía. ¿Qué pasó antes? ¿Se alteró el archivo?
Una de las tantas incógnitas sin respuesta.
También parecen haberse desestimado sin razón algunas conclusiones forenses, sobre todo en torno a las señales halladas en el cuerpo y los indicios más firmes de cómo se provocó la muerte del ministro.
En forma paralela, se ven ascensos repentinos en personas que participan en la investigación, que no se sabe si interpretar como casualidades o pago de favores.
Son situaciones muy complejas, y hasta tanto no se resuelva el caso y se deslinden responsabilidades sobre la tarea investigativa, mantendrán las sospechas abiertas.
Vamos por el cuarto año y la espera sigue.
El catucho
