El bloque de La Libertad Avanza busca dar un paso decisivo en la reforma de la Ley de Glaciares: quiere llevar el proyecto al recinto de Diputados el próximo miércoles y convertirlo en ley en una sesión que ya se perfila como una de las más tensas del año.
La iniciativa propone redefinir los límites de las áreas protegidas para habilitar actividades de exploración y explotación económica en zonas periglaciares que hoy están vedadas. Es, en los hechos, un cambio de fondo en el esquema de protección ambiental vigente, con impacto directo sobre el desarrollo de proyectos mineros.
El oficialismo armó un cronograma ajustado. El martes, el proyecto se debatirá en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, con la participación de gobernadores del norte y de Cuyo que respaldan la reforma con la expectativa de atraer inversiones. La idea es firmar dictamen ese mismo día y dejar el texto listo para tratarlo en el recinto 24 horas después.
La discusión llega tras las audiencias públicas realizadas a fines de marzo, que reunieron a unos 400 expositores entre presentaciones presenciales y virtuales. Esas jornadas, sin embargo, estuvieron atravesadas por cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición, que denunciaron limitaciones en la participación y criticaron el ritmo del tratamiento.
En el Gobierno se muestran confiados en alcanzar el número para abrir la sesión —129 diputados— y también en reunir los votos necesarios para aprobar la ley, que ya cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero. A la base propia, el oficialismo suma apoyos de bloques aliados y provinciales que resultan clave para inclinar la balanza.
Detrás del impulso a la reforma hay un objetivo claro: acelerar proyectos vinculados a la minería, especialmente en torno al litio, el cobre y otros recursos estratégicos. La iniciativa fue promovida por gobernadores como Raúl Jalil, Marcelo Orrego, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo, que buscan atraer inversiones bajo el paraguas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incorporado en la Ley Bases.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto pasa por la redefinición de los criterios de protección ambiental. La reforma habilita actividades económicas en áreas que hasta ahora estaban estrictamente preservadas, especialmente en el ambiente periglacial, lo que genera fuertes reparos en sectores ambientalistas.
Al mismo tiempo, el texto propone otorgar mayor margen de decisión a las provincias para determinar qué zonas deben ser protegidas y cuáles pueden destinarse a otros usos, reduciendo el peso del Estado nacional en esa definición.
