En un planteo con evidente tinte electoral, pero no por eso desacertado, los candidatos de LLA denunciaron que el Poder Judicial de Catamarca está “colonizado” por el peronismo y que la “justicia está al servicio del poder y no de la gente”. Una preocupante realidad que sobradamente se advirtió desde este espacio, pero que, si se busca un debate serio y constructivo, debe ser analizada con un encuadre amplio y una honesta revisión histórica.
Lejos de tratarse de una práctica puntual de uno u otro partido político, el avasallamiento de la división de poderes y las ansias del control total atraviesan a todos los Gobiernos, repitiendo cíclicamente en todos los procesos políticos. Y responde a un mismo patrón: la apetencia por aferrarse al poder y garantizar la impunidad.
Que el Gobierno provincial ejecuta un plan sistemático y progresivo para controlar todos los Poderes del Estado es innegable. Fue señalado en reiteradas oportunidades por este medio. Y solo es necesario recorrer un poco la sección editorial para corroborar que así fue y los argumentos en los que se basan su correspondiente fundamentación.
El argumental coincide casi plenamente con el esgrimido ahora por los candidatos (libertarios y radicales) consolidados en la lista mileista. La oportunista ampliación de la Corte de Justicia seguida de la designación de ministros fuertemente vinculados al Gobierno; la designación como fiscales y jueces “a dedo” sin fundamentos técnicos ni trayectoria profesional que los avale; el uso del Poder Judicial como refugio laboral de parientes y amigos; entre otros.
Ampliando el análisis, también señalamos un avance sobre todos los órganos de control y contrapeso institucional, como el Tribunal de Cuentas o la Defensoría del Pueblo, con designaciones estratégicas de ex funcionarios y dirigentes vinculados al Gobierno. Como, por estas horas, denunció el diputado radical, Alfredo Marchioli, quien planteó un blindaje del Gobierno de Jalil.
Pero, como se señaló en el primer párrafo, un debate honesto, concienzudo y despojado de intereses electoralistas, debe revisar con honestidad intelectual los procesos políticos de las últimas décadas. Lo que, sin margen de dudas, arrojaría como conclusión que estás prácticas, lejos de ser propias de un partido o un Gobierno puntual, se manifiestan estructuralmente en la política provincial.
Después de todo, el proceso del peronismo iniciado en el 2011 y que se extiende hasta hoy, replica casi como un espejo a la era del FCyS. Que, a su vez, con matices, terminó repitiendo vicios del saadismo que prometían desterrar. Nepotismo, avance intrusista del Ejecutivo en todos los demás poderes, clientelismo, uso discrecional del Estado para los intereses de la política y los políticos… son y fueron moneda corriente en el ejercicio del poder.
Hoy, dirigentes del radicalismo denuncian la colonización política de la justicia. Pero fue la misma UCR, como socio mayoritario del FCyS, la que avaló la designación de Raúl Cippitelli, Ministro de Gobierno de Brizuela del Moral como integrante de la Corte. Que, dicho sea de paso, reemplazó al fallecido Ernesto Oviedo, quién había sido designado por Arnlodo Castillo en el inicio de la era del FCyS. Sin olvidar que, Amelia Sesto y José Cáceres, integrantes de la Corte durante esas décadas de hegemonía radical, también fueron antes de su designación, funcionarios o dirigentes vinculados al gobierno frentista.
En el mismo sentido se puede señalar que durante esas dos décadas se produjeron hechos de corrupción, cartelización de la obras pública, circuitos cerrados de proveedores del Estado, despilfarro de los recursos mineros, clientelismo, privatizaciones turbias, licitaciones direccionadas y otras manifestaciones de extralimitación y usufructo del poder. Que ni la Justicia, ni el Tribunal de Cuentas, ni el ENRE, (con jueces y funcionarios designados por esos gobierno) nunca subsanaron alguna vez, fallando en su función.
También abundan los ejemplos si escudriñamos la época del saadismo, interrumpida por el hartazgo social de los excesos del poder enquistado y concentrado en un puñado de apellidos. Que luego se repitió en la alianza cívica y social y se repite en el proceso peronista.
No se debe malinterpretar este sucinto repaso como una propuesta de relativizar con el pasado lo que sucede en el presente. Ni de quitarle gravedad al diagnóstico argumentando que el mal es de larga data. Por el contrario, es proponerle a todo el arco político una revisión de estas prácticas y motivaciones que históricamente se manifiestan en todos los gobiernos. Una discusión introspectiva superadora y despojada de la intencionalidad electoral.
De qué le sirve a la sociedad la alternancia en el poder o cambios en el Gobierno, si los vicios de la política se repiten. Qué garantiza al elector que el voto a una fuerza opositora no es convalidar que lleguen otros para hacer lo mismo. En la política, sobre todo en climas proselitistas, abundan los dedos acusadores señalando. Pero escasea la autocrítica. Nadie acepta que la colonización del poder es un exceso que todos, cuando tienen la posibilidad, cometen.
