Enésimo intento de frenar lo ilegal y defender a los pacientes, el concejal de la Capital, Diego Figueroa, presentó un proyecto para que el Municipio intervenga en el control de las abusivas prácticas médicas de “cobros de sobre turno, el plus sin factura y la exigencia de doble orden” para cubrir la consulta. Un sistema coercitivo impuesto por los facultativos desde su asimetría de poder y naturalizado por la indefensión de los dolientes y la pasividad del Estado.
“Mientras estás sano, tienes cientos de problemas. Pero en el momento en el que te enfermeras, tienes solo uno”, señala proverbialmente el Maestro Shi Heng Yi. A lo que se puede agregar que la persona enferma hará lo que sea necesario, y pagará todo lo que le exijan y pueda, para conseguir alivio y recuperar su salud. Necesidad natural y monopólica de los seres humanos de recuperar su bienestar, con la que los médicos sostienen sus condiciones leoninas.
“El vecino que paga su obra social todos los meses, cumple con sus obligaciones y aun así le dicen que, si no paga un plus en efectivo, no consigue turno. Eso no es un servicio de salud, es un sistema que discrimina según la billetera”, señaló el edil Figueroa, describiendo un mecanismo institucionalizado en la salud de Catamarca, con el que los médicos imponen sus pretensiones económicas a fuerza de explotar la vulnerabilidad del paciente que llega buscando alivio.
La prevalencia de la salud por sobre cualquier otra preocupación hizo que, con el paso del tiempo y ante la imposibilidad de discutirlo, el catamarqueño enfermo ya ni las cuestione. Pero analizándolas objetivamente, el plus médico y otras similares son prácticas escandalosas por ser flagrantes, abusivas y antiéticas.
Indignante e insólito al mismo tiempo, los médicos defienden mediante los colegios sus aspiraciones monetarias, invocando el “mínimo ético” para el valor de las consultas, como si la empatía o compasión con el paciente fueran inmorales. Mientras, delinquen cobrando plus ilegales por los que, encima, no dan factura ni pagan impuestos. Una doble vara ética de un nivel de hipocresía ofensivo.
Sin sonrojarse, y despojados de toda sensibilidad, los médicos imponen la condición desde el pedestal en el que se ubican y declamando su derecho a ganar mucho dinero porque estudiaron muchos años. Lo cierto es que su ambición la pueden defender solo porque la enfermedad pone al paciente en una encrucijada que lo obliga a pagar lo que le pidan.
¿Cómo haría un abogado, un arquitecto o un ingeniero para obligar a un cliente que le pague lo que él pretende o considera que es su retribución “justa”? Porque los abogados, los arquitectos o ingenieros, por mencionar solo algunos, estudiaron tanto como un médico, y sin embargo no pueden coaccionar a un cliente a que les pague lo que ellos quieren.
La contraparte de este sistema abusivo es el Estado, simulando controlar pero siendo cómplice con la pasividad. Desparramando carteles en los centros de salud advirtiendo lo ilegal de la práctica que, de todas maneras, se sigue consumando. Incumpliendo su obligación de proteger al ciudadano y validando una defraudación millonaria al fisco por los pagos no facturados.
La que sostiene al plus médico es una colaboración público privada, como le gusta decir al Gobernador, subyaciendo a un sistema ilegal e inhumano que, paradójicamente, implica un constante flujo de ingresos para los sanatorios, clínicas, laboratorios privados, controlados por las familias que atienden de los dos lados del mostrador.
“Un problema grave, desigualdad en el acceso a la salud, cobros en negro y un sistema que termina castigando al que menos tiene. El Estado no puede seguir mirando para otro lado”, señala Figueroa. Y propone otra vez un mecanismo para que el Gobierno haga lo que corresponde. Insólito cómo suena, un sistema para prohibir lo prohibido.
