El diputado provincial Hugo Daniel Ávila promovió una acción de amparo colectivo contra el Estado Provincial, cuestionando la designación del Dr. Dalmacio Mera como Defensor del Pueblo de Catamarca, a través de un procedimiento que califica como “oscuro y fraudulento”.
La presentación fue realizada ante la Sala de Amparo y Amparo por Mora del Poder Judicial de Catamarca, con el patrocinio letrado de la Dra. Angelina Peressoni Pereyra. Ávila, en su carácter de legislador, ciudadano, usuario y consumidor, invocó el artículo 43 de la Constitución Nacional y el artículo 40 de la Constitución Provincial, señalando que dicha designación viola principios constitucionales, normativas administrativas y el sistema republicano de gobierno.
Entre los hechos denunciados, el legislador indicó que recién el 5 de mayo tuvo conocimiento del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 719/2025 que modificó la Ley Provincial N° 5.137, norma que regula la creación del Defensor del Pueblo. Posteriormente, el 8 de mayo, accedió al Decreto Acuerdo G y S 781/2025 por el cual el Poder Ejecutivo designó en comisión al Dr. Dalmacio Mera sin seguir los procedimientos legales correspondientes.
Ávila sostiene que dicha designación se realizó sin publicación completa del decreto en el Boletín Oficial —únicamente se publicó la parte dispositiva, omitiendo los vistos y considerandos—, lo cual, a su entender, constituye una violación de los requisitos de publicidad establecidos por la Ley de Procedimientos Administrativos (Ley N° 5893 – Decreto N° 1247). Esto, según el legislador, impidió que los ciudadanos conocieran los fundamentos del acto y constituye una maniobra para encubrir decisiones arbitrarias.
“Estamos ante un acto de nulidad absoluta que debe ser revocado, ya que no posee legitimidad, fue realizado sin transparencia y vulnera derechos fundamentales”, argumentó Ávila en su presentación. Además, pidió la inmediata suspensión de los efectos del decreto.
Finalmente, el legislador invocó el principio de control de convencionalidad, instando al Poder Judicial a revisar la legalidad del acto administrativo y su conformidad con tratados internacionales en materia de derechos humanos.