Desde 2011 hasta 2026, van quince años de gobiernos peronistas, y si una característica se mantiene es que se gobierna como si todo fuera secreto, a nivel oficial se informa sólo lo que les da la gana y el resto lo guardan bajo siete llaves.
Cero transparencia, nada se comunica, nada se detalla, nadie rinde cuentas de nada.
La conducta se va profundizando cada vez más, y pasan ministros de todos los colores y a ninguno se le mueve un pelo.
El detalle es que desde 2016 tiene vigencia la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública en Argentina, que en teoría garantiza que cualquier ciudadano pueda solicitar y recibir información de los tres poderes del Estado de forma gratuita, rápida y sin necesidad de justificar el pedido. Se basa en la transparencia, obligando a publicar información activamente.
En Catamarca, el acceso a la información pública está teóricamente garantizado por la Ley N° 5336, la cual reglamenta el artículo 11° de la Constitución Provincial. Esta normativa permite a cualquier persona solicitar información gratuita a organismos estatales sin justificar motivos, buscando mayor transparencia. Puro biri biri.
Según la ley se pueden pedir datos, registros, documentos, o bases de datos producidos o custodiados por el Estado (Ministerios, empresas públicas, Poder Judicial, etc.).
Los pedidos se pueden hacer de manera presencial o digital, sin necesidad de abogado, y el Estado tiene 15 días hábiles para responder, con posibilidad de prórroga.
Por supuesto que hay excepciones… no se trata de preguntar quiénes son custodios del gobernador y cómo trabajan, o a qué presunto narco están investigando. No se trata de alterar tareas de seguridad o de indagar datos personales sensibles, a nadie le importa quién se acuesta con quién o si le agradan los hombres o las mujeres.
Pero, por ejemplo, sí interesa saber qué se hace con el dinero público.
A ninguna autoridad le gusta esa ley. Incluso la cambiaron, y en septiembre de 2024, por decreto, en Nación se limitó el alcance de la información pública al restringir la definición de “documento oficial”, generando críticas sobre la transparencia.
En Catamarca, ni eso hizo falta, porque nadie se preocupa. La hacen más fácil: preguntá lo que quieras y no te contestan. Pedidos informales, formales, presenciales, escritos, da lo mismo: nadie da bola.
Como el mismo poder político maneja Legislatura, Justicia, Ejecutivo y organismos de control, cualquiera que quiera acceder a información queda como un perro ladrándole a la Luna.
Así, Catamarca se maneja como una empresa privada, aunque los miles de millones que se administran no son de los funcionarios, sino de la ciudadanía. Es dinero público. Pero es imposible saber qué se hace, cuándo y cómo.
No se puede saber la nómina de índices y asesores, no se pueden saber los gastos publicitarios, no se puede saber el detalle de deudas, de plazos fijos, de inversiones, de compromisos, de lo que se compra y a quién se compra, de lo que se paga y a quién se paga, y de lo que no se paga también. Mucho menos de las empresas con participación estatal, directamente diseñadas para manejarse al antojo de quien pongan al frente.
Y cuando tanto se esconde, la idea que aparece es que hay negocios turbios, que se favorecen amigos, que hay vueltos y no tan vueltos que se desvían o se pierden en el camino, que hay cometas y fortunas que se van por el inodoro mientras se llora pobreza por otro lado.
Es una vergüenza, y es una realidad. Los funcionarios no responden. Haga la prueba, pregunte algo. Nosotros ya lo hicimos, y lo vamos a seguir haciendo, hasta ahora sin suerte.
