La Justicia española condenó este lunes al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión por el cobro de comisiones ilegales en la compra de barbijos durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19.
La sentencia, dictada por el Tribunal Supremo, concluyó que Ábalos y su entonces asesor, Koldo García, recibieron sobornos para favorecer la adquisición de 13 millones de mascarillas ofrecidas por una empresa vinculada al pago de esas comisiones.
El exfuncionario fue hallado culpable de varios delitos, entre ellos organización criminal, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, cohecho continuado y uso de información privilegiada. De acuerdo con el fallo, deberá cumplir un mínimo de 16 años y medio de prisión efectiva.
En la misma causa también fue condenado Koldo García, considerado una pieza clave de la trama. Recibió una pena de 19 años, ocho meses y un día de cárcel, con un máximo efectivo de cumplimiento de 15 años.
Por su parte, el empresario Víctor de Aldama fue sentenciado a cuatro años de prisión. Sin embargo, el cumplimiento de la pena quedó en suspenso debido a su colaboración con la investigación judicial. A cambio, deberá realizar tareas comunitarias.
Según la resolución judicial, los tres condenados integraban una organización criminal con estructura estable y reparto de funciones. La red habría aprovechado la posición de poder de Ábalos, entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, para influir en contrataciones públicas y obtener beneficios económicos.
Los magistrados señalaron que Ábalos ocupaba el rol central dentro de la trama y utilizaba su influencia política para favorecer a empresas captadas por Aldama en distintos procesos de contratación estatal.
Koldo García, en tanto, actuaba como hombre de confianza del exministro. Entre sus funciones se encontraban las gestiones para influir en adjudicaciones, la intermediación en nombramientos dentro de empresas públicas y el reclamo de las comisiones pactadas.
Aldama, por su parte, era el encargado de captar empresas interesadas en acceder a contratos públicos y de canalizar el pago de los sobornos que dieron origen a la investigación.
