El concejal Gustavo Aguirre participó de una reunión convocada por el área de Turismo del Ejecutivo para analizar una iniciativa orientada a regular los alquileres temporarios en Catamarca, un fenómeno en crecimiento que ya impacta en el sector.
El edil explicó que se trata de reconocer la existencia de un nuevo actor dentro de la actividad turística, vinculado a plataformas como Airbnb, y avanzar en su encuadre normativo. “Es una realidad en Catamarca y es necesario establecer reglas para que puedan prestar servicios cumpliendo con obligaciones tributarias, de seguridad, limpieza y salubridad”, señaló.
En ese sentido, Aguirre remarcó que la iniciativa también busca equilibrar la competencia con los alojamientos tradicionales, como hoteles, que vienen planteando una situación de desventaja. “Hay un reclamo de equidad porque se ven perjudicados por una competencia que, en principio, es desleal”, sostuvo.
Además, indicó que uno de los desafíos es armonizar la normativa provincial con las facultades que poseen los municipios, para evitar superposiciones y generar un marco claro que permita el desarrollo del sector turístico con estándares adecuados.
El concejal también advirtió que la falta de regulación impacta en las estadísticas oficiales. “Hoy no tenemos números reales del turismo, porque muchos visitantes se alojan en este tipo de servicios que no están registrados. Eso dificulta la planificación de políticas públicas”, explicó.
Aguirre contextualizó el debate en un escenario más amplio, donde conviven lo formal y lo informal en distintos ámbitos de la economía. “El rol del Estado debe ser encontrar un equilibrio y generar reglas claras sin caer en una sobrerregulación”, afirmó.
En cuanto al contexto nacional, señaló que existe una tendencia hacia la desregulación, incluso en áreas como las agencias de turismo, lo que —según indicó— ha generado inconvenientes en algunos casos por falta de controles.
Proyecto para mejorar el estado de las calles
Por otra parte, el edil se refirió a una iniciativa propia que busca modificar una ordenanza vigente para regular las intervenciones en la vía pública realizadas por empresas o particulares.
El proyecto establece que, en casos de urgencia —como la rotura de cañerías—, las empresas deberán reparar las calles en un plazo máximo de 72 horas. En caso de incumplimiento, el municipio podrá intervenir y luego cobrar los costos junto con multas.
Asimismo, la propuesta contempla la creación de un esquema de planificación conjunta entre organismos públicos y empresas prestatarias, con el objetivo de coordinar obras y evitar roturas innecesarias tras trabajos de asfaltado.
“Lo importante es achicar los tiempos de respuesta y ordenar la planificación para mejorar la calidad de vida de los vecinos”, concluyó Aguirre.
