El juez Ricardo Bustos Fierro consideró “inadmisible” un planteo de la AFIP, y ratificó la determinación de darle curso al tratamiento de la demanda que la SRA y la SRJM presentaron contra los derechos de exportación.
El Juzgado Federal de Córdoba N°1, a cargo de Ricardo Bustos Fierro, evaluó este lunes como “inadmisible” una apelación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) contra la decisión de darle curso al amparo colectivo, que la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM) presentaron el pasado 21 de febrero contra las retenciones.
Ambas entidades sostienen que el cobro de los derechos de exportación (DEX) es ilegal hasta que el Congreso no resuelva un nuevo esquema, ya que la facultad del Ejecutivo nacional para fijarlas venció el pasado 31 de diciembre, y no fue renovada tras el rechazo el Presupuesto 2022.
Fue así que, a fines de abril, la Justicia de Córdoba dio lugar a tratar el pedido de inconstitucionalidad de las retenciones y estableció un plazo de 30 días a la AFIP para que presente un informe que fundamente el cobro de estas alícuotas. Esa es la decisión que ahora acaba de ser ratificada por el magistrado, al rechazar la apelación del organismo público.
De esta manera, Bustos Fierro negó los argumentos del Gobierno, sobre que dichos cobros son “exigibles solo a los exportadores, configuren, en la concreta situación de cada uno de los socios de la entidad”, por lo que la SRA “no posee legitimación alguna para representar ni accionar en nombre de ningún integrante de esa entidad”.
“Proveyendo a la presentación efectuada, en virtud de lo dispuesto por el Artículo15, Ley 16.986, y lo previsto en el punto V de Acordada N° 12/2016 CSJN, resultando la materia impugnada irrecurrible, a la apelación interpuesta, no ha lugar”, fue la resolución del magistrado ante el planteo del Estado nacional, según informó el portal Diario Judicial.
Otros planteos contra las retenciones
A fines de marzo, la Justicia de Río Cuarto rechazó una iniciativa similar de la Sociedad Rural de esa localidad cordobesa. En ese caso, juez federal Carlos Arturo Ochoa no dio lugar a la solicitud de la gremial, al considerar que no estaban presentes los requisitos para tramitar el caso como proceso colectivo.
En cambio, su par de Tucumán, Fernando Poviña, se declaró competente días atrás para analizar un planteo sobre la inconstitucionalidad de las retenciones, que fue presentado por la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor). En este caso, la entidad rural busca una “declaración de certeza”.
En ese momento, el vicepresidente de Apronor, Roberto Palomo, destacó públicamente que se trataba del primer juez que acepta tratar este reclamo, sin cuestionar la “legitimación activa” de Apronor para representar a un grupo de productores.
