La causa judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa un momento clave. El juez federal Ariel Lijo analiza citarlo a declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno, en el marco de una investigación que busca determinar si existieron delitos vinculados a enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y recepción de dádivas.
La posible convocatoria se produciría luego de una serie de medidas de prueba impulsadas por el magistrado y el fiscal Gerardo Pollicita. Según trascendió en ámbitos judiciales, el expediente se encuentra en una etapa avanzada y la Justicia espera los resultados finales de peritajes y cruces de información antes de definir el llamado formal del funcionario.
Uno de los ejes centrales de la investigación es el viaje que Adorni realizó junto a su familia a Punta del Este durante el último feriado de Carnaval. Aunque el funcionario aseguró públicamente que pagó los gastos con dinero propio, la causa apunta a determinar si el traslado en avión privado habría sido financiado por Marcelo Grandío, productor audiovisual y propietario de la firma Imhouse.
De acuerdo con documentación incorporada al expediente, existirían facturas y registros comerciales vinculados al vuelo emitidos a nombre de la productora y no del jefe de Gabinete. Además, un broker aeronáutico declaró ante la Justicia que la contratación del servicio habría sido realizada por Grandío.
La relación entre Adorni y el empresario quedó bajo la lupa debido a los contratos que Imhouse mantiene con la TV Pública. La Justicia investiga al menos seis convenios firmados con la señal estatal para la producción de programas y contenidos audiovisuales. Entre ellos aparecen ciclos televisivos y transmisiones digitales vinculadas al actual funcionario antes de su llegada al Gobierno nacional.
Como parte de las medidas ordenadas por el juzgado, se solicitó el análisis de llamadas telefónicas y geolocalizaciones entre Adorni, Grandío y otros integrantes de la productora. El objetivo es reconstruir posibles contactos coincidentes con las fechas de firma de los contratos investigados.
En paralelo, el expediente también pone el foco sobre movimientos patrimoniales del jefe de Gabinete. Entre los puntos investigados aparece la compra y remodelación de una vivienda en un country bonaerense, cuyo valor final, según estimaciones judiciales citadas por distintos medios, sería considerablemente superior a los ingresos declarados por el funcionario.
El caso ya comenzó a tener impacto político. Días atrás, el oficialismo logró bloquear en Diputados un intento opositor para interpelar a Adorni y exigir explicaciones públicas sobre su patrimonio y los gastos bajo sospecha. A pesar de la presión política y judicial, Javier Milei mantuvo hasta ahora un fuerte respaldo hacia uno de sus funcionarios más cercanos.
