El cierre de una escuela con más de un siglo de historia en la provincia de Jujuy encendió alarmas en distintas comunidades rurales, donde temen que la medida se replique en otros establecimientos con baja matrícula.
El caso ocurrió en el paraje de Queta, donde dejó de funcionar la Escuela N° 71, un edificio con 128 años de antigüedad que durante generaciones fue el principal punto de encuentro de la comunidad. Allí no solo se garantizaba el acceso a la educación, sino también un espacio de integración para familias que viven dispersas en zonas de difícil acceso.
En estos territorios, la escuela cumple un rol clave que trasciende lo pedagógico. En muchos casos, es el único vínculo directo con el Estado y un lugar central para la vida social. Por eso, el cierre no solo implica la pérdida de un establecimiento educativo, sino también un impacto profundo en la identidad y el arraigo de la población local.
La decisión se enmarca en una política de “nuclearización”, impulsada por el Ministerio de Educación jujeño, que busca reagrupar instituciones con pocos alumnos. Según datos oficiales, en la provincia existen más de un centenar de escuelas en esta situación, muchas de ellas ubicadas en regiones vulnerables.
El fenómeno no es nuevo. Entre 2007 y 2024, ya cerraron alrededor de 60 escuelas rurales en Jujuy, lo que refuerza la preocupación sobre la continuidad de otras instituciones en la Puna y la Quebrada.
Especialistas y referentes locales advierten que este tipo de medidas, si bien pueden responder a criterios administrativos o presupuestarios, generan consecuencias sociales profundas. Entre ellas, el aumento del desarraigo, la migración de familias hacia centros urbanos y la pérdida de cohesión comunitaria.
