El juez Alfredo Silverio Gusmán fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por frenar el avance de una causa civil en la que se reclama a Cristina Kirchner el pago de US$1125 millones como resarcimiento por hechos de corrupción durante su gestión. La acusación fue realizada por el presidente de la Cámara Civil y Comercial Federal, Guillermo Antelo, quien advirtió que el magistrado se negó a firmar digitalmente una resolución clave, dejando el expediente paralizado.
El juicio, iniciado en 2018 por la Dirección Nacional de Vialidad, busca recuperar fondos desviados a través de licitaciones amañadas para beneficiar a Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. Se trata de la contracara civil del proceso penal por el cual la exmandataria fue condenada a seis años de prisión y al pago de una multa de más de $84 mil millones. Si el juicio civil avanza y se confirma la condena, Cristina Kirchner debería afrontar ambos pagos.
Sin embargo, el expediente se encuentra estancado. En marzo pasado, la Cámara debía resolver una queja presentada por Cristina para evitar la continuidad del juicio. Pero cuando el tribunal quedó conformado por Antelo, Eduardo Gottardi y Gusmán —este último sorteado como tercer juez—, el avance del fallo se detuvo. Según la denuncia, Gusmán firmó un borrador pero luego se negó a estampar su firma digital, lo que impidió cerrar la resolución.
Antelo advirtió que esa conducta no solo es irregular, sino que podría derivar en la caducidad de la instancia, lo que haría caer el reclamo iniciado por el Estado. Además, señaló vínculos de Gusmán con el kirchnerismo, especialmente con el exfuncionario Juan Martín Mena, hombre de confianza de la expresidenta.
En paralelo, la propia Dirección de Vialidad —organismo demandante— ha mostrado una llamativa pasividad. No impulsó nuevas acciones ni intervino tras el planteo de caducidad, lo que agudiza el riesgo de que el caso se extinga sin sentencia.
Ahora, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura evaluará la conducta del juez. Si se confirma que hubo una maniobra para frenar el expediente, Gusmán podría enfrentar sanciones o incluso un juicio político. El Código Penal contempla penas de hasta cuatro años de inhabilitación para jueces que retarden maliciosamente la administración de justicia.