El abogado Sebastián Ibáñez confirmó que este viernes realizaron una presentación ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal para solicitar el rechazo inmediato del recurso de reconsideración presentado por Fiscalía de Estado en el marco de la causa vinculada al presunto fraude en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria relacionado con el financista Edgar Adhemar Bacchiani.
Según explicó el letrado, la presentación busca que se mantenga firme la resolución emitida la semana pasada por la Cámara, donde se declaró desistida la apelación de Fiscalía de Estado debido a la incomparecencia de los abogados que debían sostenerla durante la audiencia.
“Lo que establece la ley es que, ante la incomparecencia del apelante, se tiene por desistido el recurso. Sin embargo, Fiscalía de Estado pretende ahora que la Cámara retroceda y convoque nuevamente a audiencia, argumentando que la notificación fue enviada al domicilio electrónico de uno de los abogados apoderados y no directamente al organismo”, señaló Ibáñez.
El abogado sostuvo que el planteo “carece de fundamento legal” y remarcó que el domicilio electrónico utilizado había sido constituido previamente en el expediente por el propio representante legal de Fiscalía de Estado, por lo que la notificación “fue absolutamente válida”.
Además, indicó que ya existían notificaciones anteriores realizadas por la Cámara a ese mismo domicilio sin que hubiera objeciones, lo que —según afirmó— implica una convalidación de ese mecanismo de comunicación procesal.
Ibáñez también cuestionó una “contradicción institucional” dentro de Fiscalía de Estado. “Si sostienen que la Cámara notificó mal, entonces no tendría sentido haber iniciado un sumario contra los abogados que no asistieron a la audiencia. Eso demuestra que existió una omisión por parte de ellos”, expresó.
En ese sentido, solicitó que el recurso sea rechazado “con costas”, al considerar que existe un “ejercicio abusivo de la impugnación”.
Por otra parte, el letrado explicó que la insistencia de Fiscalía de Estado tendría como objetivo dilatar la resolución definitiva del caso, ya que si queda firme el sobreseimiento de Paulo Ibáñez, podría prosperar la demanda contencioso-administrativa iniciada contra el Estado provincial por su exoneración.
“Si la Justicia determinó que el hecho no existió, la administración pública no puede sostener lo contrario. La Corte debería declarar ilegítima la exoneración y ordenar su reincorporación laboral, además del pago de los salarios caídos durante casi tres años”, afirmó.
