La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entra en una semana decisiva con la declaración de cuatro mujeres que aparecen vinculadas a las operaciones financieras e inmobiliarias bajo investigación judicial.
Según la investigación que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita, el foco está puesto en determinar si existió un incremento patrimonial injustificado a partir de la compra de inmuebles y la utilización de mecanismos de financiamiento privados entre particulares, especialmente hipotecas sin intermediación bancaria.
En este marco, la Justicia citó a declarar a dos jubiladas que participaron en la venta de un departamento en el barrio porteño de Caballito, operación que habría incluido una hipoteca entre privados y un esquema de pago diferido por parte del funcionario. También deberán presentarse otras dos mujeres, madre e hija, que figuran como prestamistas en otra operación inmobiliaria vinculada a una propiedad anterior del funcionario en la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con la información incorporada al expediente, las maniobras bajo análisis incluyen préstamos personales, garantías hipotecarias y transferencias de dinero que ahora están siendo revisadas para determinar si las personas involucradas contaban con capacidad económica real para justificar los montos prestados o financiados.
La causa también avanzó en las últimas horas con medidas judiciales clave, como el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario y de las personas que aparecen relacionadas con las operaciones, lo que permitió a la Justicia acceder a datos patrimoniales, declaraciones impositivas y movimientos financieros.
El objetivo central de la investigación es establecer si las operaciones responden a acuerdos privados legítimos o si podrían encuadrar en una maniobra destinada a justificar un crecimiento patrimonial incompatible con los ingresos declarados.
Mientras tanto, el expediente sigue sumando testimonios y documentación, en una etapa en la que la fiscalía busca reconstruir con precisión la trazabilidad del dinero involucrado en cada una de las transacciones.
