La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, procesó a seis integrantes de la Armada Argentina por su participación en un violento “entrenamiento antidisturbios” realizado el pasado 4 de abril en el edificio de la Armada en Vicente López, que derivó en lesiones gravísimas para la marinera Brisa Páez, de la segunda clase de Tropa Voluntaria.
En un fallo de 120 páginas, la magistrada subrayó que los hechos configuran un “claro ejercicio de violencia institucional y violencia de género”, y advirtió sobre “la preocupante distancia entre las prácticas institucionales observadas y las exigencias legales, convencionales y constitucionales vigentes en materia de derechos humanos”.
Según la investigación judicial, Páez fue agredida durante un simulacro de manifestación en el que participaban superiores jerárquicos. Entre ellos se encontraba su expareja, Juan Gabriel Escobar, a quien se acusa de haberla golpeado con alevosía y con la intención de que el ataque pareciera un accidente dentro del ejercicio. Un equipo médico interdisciplinario confirmó que la joven sufrió una lesión axonal difusa, una grave forma de daño cerebral, por movimientos bruscos de aceleración y desaceleración.
El fallo detalla que Escobar actuó “aprovechándose del contexto” para consumar la agresión, motivado por “sentimientos de celos, odio, resentimiento y desprecio hacia la mujer”, lo que agrava su situación procesal. Junto a él, fueron también procesados Leandro Morales, Miguel Ángel Reyes, Leandro López, Rodrigo Exequiel Tejerina y Pablo Ezequiel Bucarón.
En contraste, fueron sobreseídos Damián Ezequiel Ábalos y Diego Emanuel Ferraut, al no encontrarse elementos suficientes para comprometerlos penalmente.
Las demoras en la atención médica encendieron las alarmas dentro de la fuerza: recién horas después del ejercicio, un médico de la base ordenó su traslado al hospital militar de Campo de Mayo por un fuerte dolor de cabeza. Ante el agravamiento del cuadro clínico y la pérdida de sensibilidad en el lado izquierdo del cuerpo, Páez fue inducida al coma durante una semana en el Hospital Militar Central de Belgrano.
Testimonios incorporados al expediente indican que los implicados intentaron encubrir el hecho. Según declaró un testigo, el superior Morales habría instado a los participantes a mentir, diciendo que cualquier golpe había ocurrido en sus casas.
La investigación continúa y podría abrir la puerta a nuevas medidas disciplinarias o procesales dentro de las Fuerzas Armadas. La gravedad del caso plantea un fuerte interrogante sobre los métodos de entrenamiento y la cultura institucional vigente.