Ayer por la tarde, los tres policías acusados por el asesinato de Lucas González comenzaron su estrategia de defensa. Ya designaron un abogado, Alfredo Oliván, habitual defensor de policías imputados, que junto a su socio Martín Calvet Salas encabezará su representación en el expediente que los investiga en el Juzgado de Menores N°4.
Todavía libres, sin un pedido de captura en su contra, Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas, todos agentes de Comuna N°4, quienes fueron apartados de sus respectivos cargos luego de protagonizar el homicidio el miércoles pasado en uno de los acceso a la Villa 21-24, se reunieron con Oliván en su estudio para una reunión que duró varias horas, aseguran fuentes cercanas al caso.
Poco después, el abogado se constituyó en el expediente a través de un correo al mail oficial del juzgado. A comienzos de la mañana de hoy, no había podido acceder al expediente y desconocía la calificación en contra de sus defendidos o los contenidos de la causa.
Fuentes cercanas a la negociación aseguran que los policías efectivamente piensan entregarse si el juez Alejandro Cilleruelo firma su captura en las próximas horas y que no serán prófugos. A sus íntimos, los efectivos ofrecieron una explicación del hecho. Aseguraban que “no estaban a la pesca” en el momento en que balearon a Lucas y a sus amigos -que terminaron detenidos en el Instituto Inchausti y luego fueron liberados- y que “las cosas que se dicen en los medios no son ciertas”.
En todo caso, podrán dar sus explicaciones en una declaración indagatoria, en un caso de gatillo fácil que conmovió a parte de la sociedad y a varios representantes del arco político.
A través de una nota que le envió al juez Cilleruelo, que interviene en esta causa, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, pidió esta “medida urgente” para “evitar cualquier entorpecimiento de la investigación, garantizar el debido proceso y asegurar su normal desenvolvimiento”.
El funcionario consideró que “resulta imprescindible proceder” con esta decisión teniendo en cuenta “el cambio de situación de revista” del personal sospechado y “atento al tiempo transcurrido y agotada la instancia administrativa conferida por ley”.