La Justicia federal dejó sin efecto la medida cautelar que mantenía suspendidos 81 artículos de la Ley de Modernización Laboral y reactivó así parte de la reforma impulsada por el Gobierno nacional. La resolución fue firmada por la jueza federal Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12, en el marco de la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT).
El fallo revoca la cautelar que había sido dictada el pasado 30 de marzo por el juez laboral Raúl Horacio Ojeda, quien había suspendido provisoriamente 82 artículos de la norma al considerar que podían existir posibles afectaciones a derechos constitucionales vinculados al trabajo y la actividad sindical.
Ahora, la magistrada sostuvo que el juez que intervino originalmente “carecía de competencia” para resolver sobre el expediente, ya que la Cámara Contencioso Administrativo Federal había determinado previamente que el caso debía tramitarse dentro de ese fuero y no en la Justicia laboral. En ese sentido, citó la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado, y recordó que un magistrado no puede dictar este tipo de resoluciones si no tiene competencia sobre la causa.
La resolución también cuestionó el alcance de la cautelar impulsada por la CGT, al señalar que la suspensión alcanzaba una cantidad amplia y compleja de artículos vinculados a contratos laborales, indemnizaciones, derecho de huelga, negociación colectiva, actividad sindical, vacaciones, jornada laboral y nuevas modalidades de contratación. Según la jueza, analizar la constitucionalidad de semejante volumen de normas en una instancia preliminar implicaría anticipar una decisión sobre el fondo de la cuestión.
Además, Marra Giménez entendió que no existía “peligro en la demora”, uno de los requisitos centrales para sostener una cautelar, debido a que la causa se encuentra bajo un trámite sumarísimo y con plazos abreviados para llegar a una sentencia definitiva.
La reforma laboral había sido aprobada por el Congreso a fines de febrero y promulgada en marzo bajo la Ley 27.802. El proyecto introdujo modificaciones en distintos aspectos del régimen laboral y fue cuestionado por sectores sindicales desde su tratamiento parlamentario. Durante las negociaciones legislativas, el oficialismo realizó cambios sobre indemnizaciones, convenios colectivos y mecanismos de contratación para conseguir apoyos políticos.
Pese al nuevo fallo, la discusión judicial sobre la constitucionalidad de la reforma todavía continúa y deberá resolverse en una sentencia de fondo. La jueza aclaró que la decisión adoptada no implica un pronunciamiento definitivo sobre la validez de la ley ni sobre la legitimación de la CGT para impulsar la demanda colectiva.
