A través de un manifiesto, pidieron la convocatoria de nuevas elecciones ante la “ausencia de justicia, igualdad y democracia” en el país, horas después de que Sánchez sea investido presidente por el Congreso.
Militares retirados de diversos cuerpos han elaborado un manifiesto en el que reclaman a las Fuerzas Armadas la destitución del recientemente investido presidente Pedro Sánchez y la convocatoria de nuevas elecciones ante la, a su juicio, “ausencia de justicia, igualdad y democracia” en España.
El documento, al que adhirió la Asociación de Militares Españoles (AME) -lo publicó en su sitio web-, se ha hecho público este viernes, después de que Sánchez haya tomado posesión de su cargo. Justifica su petición con el artículo 8.1 de la Constitución que, con relación a las Fuerzas Armadas, tiene la misión de “defender el ordenamiento constitucional”, que ven en “grave peligro por la falta de independencia judicial”.
“Este grupo de antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, hoy en situación de Retiro, preocupados por el devenir de España, alzamos la voz en este MANIFIESTO y pedimos a los responsables de la defensa del ordenamiento constitucional, la destitución del Presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales”, indica el texto.
Allí, dicen estar “preocupados por el devenir de España” y denuncian el “acoso al Estado de Derecho al copar el poder Ejecutivo la mayoría de los órganos judiciales”, lo que “anula la independencia del poder judicial y la separación de poderes”.
Hacen, de este modo, alusión al Tribunal Constitucional, “compuesto parcialmente por magistrados que recientemente han detentado relevantes cargos políticos en el Poder Ejecutivo, lo que anula su neutralidad”. “La extralimitación de las funciones de este tribunal, asumiendo el papel corrector de las sentencias del Tribunal Supremo, función que no le corresponde al no estar integrado en el poder judicial”, siguen.
De su presidente, Cándido Conde-Pumpido, consignó la agencia de noticias Europa Press, recalcan también que “tiene antecedentes que no permiten la neutralidad de sus acciones”.
En otro pasaje, hablan de la Fiscalía General del Estado, “proclive a la asunción permanente de los dictados del Poder Ejecutivo y en contra de su misión, que es la de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social”.