La causa conocida como “Coimagate” suma un nuevo capítulo y vuelve a sacudir el ámbito político y judicial. La investigación sobre presuntas coimas y maniobras irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se amplía con el foco puesto en operaciones que podrían alcanzar cifras cercanas a los 75 mil millones de dólares.
El expediente, que tiene como principal implicado al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, avanza con nuevas hipótesis sobre el funcionamiento de una presunta red que habría direccionado contrataciones públicas y generado retornos económicos ilegales dentro del Estado.
Según la investigación judicial, el esquema habría estado basado en la adjudicación irregular de compras —principalmente medicamentos e insumos médicos— con sobreprecios y acuerdos previos entre funcionarios y empresas proveedoras. A cambio, se habrían pagado sobornos sistemáticos que alimentaban un circuito de recaudación ilegal.
El caso se originó en 2025 tras la filtración de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se mencionaban supuestos pedidos de coimas dentro del organismo. Ese episodio derivó en su salida del cargo y en la apertura de una investigación judicial que con el tiempo fue escalando en gravedad y alcance.
Con el avance de la causa, el juez federal Sebastián Casanello ya procesó a Spagnuolo y a otros involucrados por delitos como asociación ilícita, cohecho y defraudación contra la administración pública. La Justicia sostiene que existía una estructura organizada que operaba dentro de la ANDIS para beneficiar intereses privados en perjuicio de fondos destinados a personas con discapacidad.
Ahora, la ampliación del expediente apunta a seguir el rastro del dinero y determinar el alcance real de las maniobras, que podrían involucrar cifras multimillonarias y nuevos actores. En ese contexto, no se descartan más imputaciones ni nuevas medidas judiciales en las próximas semanas.
