El Gobierno nacional envió al Congreso dos proyectos de ley que buscan introducir cambios en áreas sensibles: la Ley de Salud Mental y el régimen de pensiones por invalidez, con el objetivo de endurecer controles y prevenir posibles irregularidades en el sistema.
Las iniciativas fueron elaboradas en el marco de la mesa política del Ejecutivo y forman parte de una agenda legislativa que apunta a reorganizar distintos programas sociales y sanitarios, según confirmaron fuentes oficiales.
Uno de los proyectos propone una modificación de la actual Ley de Salud Mental, con el argumento de actualizar el sistema de atención y mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante casos de trastornos mentales. El objetivo es introducir criterios más claros de intervención y ordenar el funcionamiento del sistema sanitario en situaciones de crisis.
En paralelo, el segundo proyecto apunta a crear mecanismos específicos para combatir el fraude en las pensiones por invalidez, un sistema que en los últimos años fue objeto de auditorías oficiales ante la detección de posibles irregularidades en su otorgamiento y uso. Entre las medidas previstas se incluyen mayores controles administrativos, cruces de información entre organismos y revisiones periódicas de los beneficios otorgados.
El Gobierno sostiene que estas reformas buscan garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan, al tiempo que se intenta fortalecer la transparencia del sistema y mejorar la asignación de fondos en áreas de salud y asistencia social.
