A casi dos años de la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), comenzaron a multiplicarse las críticas sobre sus resultados reales. Informes privados, dirigentes opositores y especialistas en economía señalan que el esquema promovido por el gobierno de Javier Milei no logró atraer inversiones completamente nuevas y, en cambio, terminó beneficiando emprendimientos que ya estaban planificados antes de la sanción de la Ley Bases.
El principal cuestionamiento apunta a que muchas de las iniciativas incorporadas al régimen pertenecen a sectores —especialmente minería y energía— que ya tenían proyectos avanzados o inversiones anunciadas desde años anteriores. Según diversos análisis económicos, el RIGI funcionó más como una mejora de condiciones fiscales y cambiarias para empresas ya instaladas que como un verdadero motor de nuevas inversiones productivas.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, fue uno de los dirigentes que cuestionó con más dureza el esquema. En los últimos días aseguró que apenas se concretó un porcentaje mínimo de las inversiones anunciadas y sostuvo que el régimen “se desnaturalizó” al incluir sectores que ya eran altamente rentables y que venían invirtiendo con anterioridad.
Las críticas también se apoyan en datos vinculados al flujo de capitales. Un informe reciente del Banco Central indicó que, desde la puesta en marcha del RIGI, la Argentina registró una salida neta de inversión extranjera directa superior a los 4.600 millones de dólares. El documento sostiene que muchas compañías aprovecharon flexibilizaciones financieras para cancelar deudas o reorganizar activos, pero sin expandir significativamente la producción local.
En paralelo, informes empresariales y estudios privados remarcan que el impacto sobre el empleo todavía es reducido. Algunos relevamientos mencionan que los proyectos aprobados hasta el momento generaron una cantidad limitada de puestos de trabajo directos y no lograron dinamizar con fuerza a las pymes ni a las cadenas de proveedores nacionales.
Pese a los cuestionamientos, desde el Gobierno defienden el régimen y aseguran que las inversiones vinculadas al litio, el cobre, el petróleo y el gas permitirán incrementar exportaciones y generar divisas en los próximos años. De acuerdo con estimaciones privadas, existen anuncios y proyectos asociados al RIGI por más de 78.000 millones de dólares, aunque buena parte de esas iniciativas aún se encuentra en etapa de evaluación o sin decisión final de inversión.
La minería aparece como el sector más beneficiado por el esquema. En provincias como Catamarca, Salta y San Juan, varias empresas avanzaron con pedidos de adhesión para proyectos de litio y cobre que ya formaban parte de planes estratégicos previos a la creación del régimen.
