La demora de Manuel Adorni en presentar su declaración jurada patrimonial comenzó a convertirse en un problema político de magnitud para el Gobierno nacional. Mientras el presidente Javier Milei sostiene públicamente su respaldo al jefe de Gabinete, en distintos sectores del oficialismo crece la inquietud por las consecuencias institucionales y judiciales del caso.
La situación se volvió especialmente sensible luego de que la Justicia avanzara con medidas vinculadas a una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Según trascendió en medios nacionales, el fiscal Carlos Pollicita continúa reuniendo información patrimonial mientras espera que el funcionario entregue la documentación correspondiente. En paralelo, colaboradores de Adorni trabajan junto a contadores y abogados para terminar la presentación.
Dentro de la Casa Rosada admiten que el tema empezó a afectar la dinámica política del oficialismo. La controversia no solo impactó en la agenda pública del Gobierno, sino también en el vínculo con sectores aliados del PRO y de la UCR, donde algunos dirigentes reclaman señales de mayor transparencia para destrabar negociaciones legislativas.
En las últimas semanas, el Ejecutivo intentó recuperar la iniciativa política con anuncios económicos y conferencias de prensa encabezadas por el propio Adorni. Sin embargo, desde Balcarce 50 reconocen que gran parte de las intervenciones públicas del funcionario terminaron atravesadas por preguntas vinculadas a la investigación judicial y a sus movimientos patrimoniales.
El respaldo presidencial, de todos modos, sigue firme. Milei considera a Adorni una figura clave dentro de su esquema político y comunicacional, motivo por el cual descarta por ahora cualquier desplazamiento. Analistas políticos sostienen que el Presidente eligió priorizar la lealtad interna aun cuando el costo político comenzó a reflejarse en encuestas y en cuestionamientos públicos de sectores empresariales y opositores.
El caso también reavivó críticas de dirigentes opositores, que cuestionan la demora en transparentar la situación patrimonial del funcionario. Desde distintos espacios políticos advierten que el episodio erosiona uno de los principales discursos del oficialismo: el compromiso con la austeridad y la transparencia en la gestión pública.
Mientras tanto, el Gobierno busca evitar que la polémica paralice su agenda legislativa y económica en un momento considerado clave para la administración libertaria. En ese contexto, la presentación de la declaración jurada de Adorni aparece como un paso necesario para intentar desactivar una crisis que, puertas adentro, ya genera preocupación creciente.
