El hombre se encontraba internado en el sanatorio Otamendi y allí mismo se produjo el fallecimiento. La familia denunciará a la clínica por “homicidio culposo”.
En el sanatorio Otamendi, murió el paciente que fue tratado con dióxido de cloro contra el coronavirus por orden de un juez federal. Esta autorización generó gran polémica en la comunidad médica ya que no se encuentra autorizado este tratamiento.
Según expresó Clarín, el hombre de 92 años murió poco después de haber recibido este tratamiento. “Luego de aplicación, el paciente empeoró en lo respiratorio y murió a las 24 horas”, aseguraron desde el sanatorio.
El juez federal subrogante Javier Pico Terrero ordenó que se le administre dióxido de cloro intravenoso e ibuprofeno inhalado al paciente Oscar Jorge García Rúa tras una presentación judicial de la familia de este hombre.
Según expresó el denunciante se exigió nebulizaciones de ibuprofeno de sodio y de dióxido de cloro, un tratamiento recetado por el neurocirujano del paciente, Dante Converti (MN: 50.660).
La comunidad médica rechazó y criticó el fallo del juez ya que se trata de un tratamiento no autorizado. El médico Sergio Perrone (M.N. 65.665) realizó un duro descargo a través de Con Bienestar: “Si alguien respira dióxido de cloro, esta sustancia podría ser absorbida a través de los pulmones, lo cual complicaría a un paciente con neumonía por coronavirus. Así que será cuestión de tomar la solución, seguramente preparada en concentraciones ‘a ojo de buen cubero’ (perdone señor juez, pero acá sí que se me acabó el latín) por Dr. Facebook o por sus colegas Dr. Twitter o Dr. Instagram, y que Dios los ayude”.
La familia del paciente denunciará a la clínica por “homicidio culposo”
Luego de su muerte, su familia le iniciará acciones legales al Sanatorio Otamendi por “homicidio culposo” al considerar que demoraron en aplicarle el tratamiento.
El abogado Martín Sarubbi sostuvo que el paciente falleció a causa de una “infección intrahospitalaria” y no por efectos adversos de la práctica. Por el contrario, acusó a la clínica de aplazar la implementación. “No debieron demorar 48 horas”, señaló.
“El médico tratante recomendó hacer el tratamiento paliativo de dióxido de cloro e ibuprofeno inhalado. Frente a esto y el Santaroio Otamendi se negó”, sostuvo el letrado y añadió: “Entonces se interpuso un recurso de amparo para que la Justicia autorice el avance”.
Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, opinó al respecto y contó que no fue bien recibido el ordenamiento por parte de la Justicia. “Hemos visto muchos casos de muertes por intoxicación de dióxido de cloro y estamos muy preocupados por esta situación. Antes de tomar estas decisiones, los jueces tienen que asesorarse con Sociedades Científicas. La Sociedad Argentina de Infectología pone a disposición a todos sus miembros para poder asesorar a los jueces para que toman decisiones basadas en evidencia“, dijo en diálogo con Infobae.
“Este caso nos parece una aberración jurídica y un escándalo. Es una desmesura, una extralimitación de las facultades jurisdiccionales donde, con un certificado médico, se indicó esa medida cautelar con todo el riesgo y el daño que significa. No solamente para el caso en particular, sino el efecto simbólico que esta situación alimenta”, agregó el especialista.
