La tensión diplomática entre la Argentina e Irán escaló en las últimas horas luego de que el régimen iraní reaccionara con dureza a la decisión del Gobierno nacional de declarar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista. A través de un comunicado difundido por canales diplomáticos, Teherán condenó la medida adoptada por la administración de Javier Milei, la calificó como “injustificada” e “imperdonable” y advirtió que la determinación “genera responsabilidad internacional para el Estado argentino”.
La decisión argentina había sido oficializada el 31 de marzo mediante un comunicado de la Oficina del Presidente, que confirmó la incorporación de la Guardia Revolucionaria al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Desde Casa Rosada sostuvieron que la medida se apoya en investigaciones judiciales e informes de inteligencia que vinculan a estructuras del régimen iraní con los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994, los dos ataques terroristas más graves ocurridos en suelo argentino.
En su respuesta, el gobierno iraní rechazó de plano esas acusaciones y sostuvo que la decisión de la Argentina responde a la influencia de Estados Unidos e Israel. Según reprodujeron distintos medios, Teherán consideró que se trata de un “error estratégico” y una “acción ilegal”, y cuestionó el alineamiento diplomático de la gestión de Milei con ambos países en medio de la escalada bélica en Medio Oriente. La cancillería iraní también reivindicó el rol de la Guardia Revolucionaria como un órgano “legítimo” del Estado iraní y una estructura central en la seguridad nacional del país.
El trasfondo del conflicto no es solo diplomático, sino también político y judicial. En su comunicado oficial, el Gobierno argentino remarcó que la República Argentina fue víctima de atentados atribuidos al brazo operativo regional del CGRI a través de Hezbollah, y recordó que sobre varios exfuncionarios iraníes pesan alertas rojas de Interpol. Entre ellos aparece Ahmad Vahidi, actual jefe de la Guardia Revolucionaria, señalado por la Justicia argentina en la causa AMIA. Para la Casa Rosada, la medida busca saldar una “deuda histórica” con las víctimas y reforzar la política de lucha contra el terrorismo internacional.
La decisión también fue leída como una nueva señal del alineamiento internacional del Gobierno de Milei. En las últimas horas, el canciller de Israel, Gideon Sa’ar, agradeció públicamente la medida argentina, mientras que analistas y medios internacionales señalaron que el paso dado por Buenos Aires refuerza la postura del oficialismo de acercamiento a Washington y Tel Aviv. En paralelo, desde sectores opositores surgieron advertencias sobre los riesgos de una mayor exposición diplomática en un escenario geopolítico cada vez más tenso.
