Los restos habían sido hallados en 2025 en el sector conocido como Loma del Torito, en el predio de La Perla. Con estos nuevos reconocimientos, ya son 38 las personas identificadas desde el inicio de los trabajos.
La Justicia federal de Córdoba confirmó este viernes la identificación de ocho personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar, cuyos restos fueron recuperados en 2025 en el sector denominado Loma del Torito, dentro del predio de La Perla.
El anuncio fue realizado por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja durante una conferencia de prensa. Se trata de cuatro mujeres y cuatro hombres que fueron víctimas del terrorismo de Estado y cuyos restos pudieron ser identificados a partir de un exhaustivo trabajo científico.
Los estudios estuvieron a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), junto con especialistas del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba, la Universidad Nacional de Río Cuarto y el perito Guillermo Sagripanti. A través del cotejo de perfiles genéticos con muestras aportadas por familiares, los investigadores lograron establecer las identidades.
Con estas nuevas identificaciones, asciende a 38 el número de personas reconocidas desde el comienzo de la campaña de búsqueda iniciada en 2025.
Quiénes son las ocho víctimas identificadas
Las personas identificadas fueron secuestradas durante 1976 y tenían distintas trayectorias laborales, sindicales, estudiantiles y políticas.
- Néstor Albino Acosta: tenía 21 años, trabajaba en el ferrocarril de la línea Mitre y fue secuestrado el 16 de junio de 1976.
- Pascual Delfín Ludueña: tenía 29 años y se desempeñaba como delegada sindical en la planta de FIAT Concord. Fue privada de su libertad el 24 de marzo de 1976.
- Claudio Norberto Nardini: era trabajador de la empresa SanCor y tenía militancia gremial. Fue secuestrado el 23 de abril de 1976, a los 34 años.
- Cecilia Alicia Pessina Libro de Ávila: era psicóloga y militante de la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO). Fue secuestrada el 14 de agosto de 1976, en presencia de su hija.
- Mónica Protti de Guillén: era maestra y militante del Partido Comunista. Fue secuestrada el 21 de septiembre de 1976.
- Mercedes del Valle Ramírez: era estudiante secundaria y fue privada de su libertad el 3 de julio de 1976.
- María Luisa Salto: estudiaba Medicina en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y militaba en la Juventud Universitaria Peronista. Fue secuestrada el 28 de julio de 1976.
- Juan Carlos Soulier: era trabajador electricista y fue secuestrado el 15 de agosto de 1976 junto con su esposa y su hijo de cinco meses. El bebé fue recuperado por su familia y, actualmente, integra la querella de familiares.
El testimonio de las familias
El anuncio de las identificaciones estuvo acompañado por las palabras de familiares que durante décadas sostuvieron la búsqueda de sus seres queridos.
Rosa Miriam Ludueña, sobrina de Pascual Delfín Ludueña, destacó la importancia del hallazgo y su significado para la memoria colectiva.
“Creo que este es el tiempo en que la verdad ya no está amarrada, está libre, y esta verdad nos acerca a la paz, a la justicia y a honrar la vida. También a despertar las conciencias de las personas adormecidas y así decir Nunca Más”, expresó.
Por su parte, Sebastián Soulier, hijo de Juan Carlos Soulier, se refirió al impacto de la identificación después de cinco décadas de incertidumbre.
“Después de 50 años la tierra nos los empieza a devolver. Son 38 identidades que vuelven a las familias. Encontrarlos es como una caricia al alma en estos tiempos tan duros”, manifestó.
Un avance en la búsqueda de los desaparecidos
Las identificaciones representan un avance fundamental en el proceso de búsqueda de víctimas de la última dictadura militar. El trabajo de los especialistas permitió transformar hallazgos forenses en respuestas concretas para familias que durante casi 50 años esperaron conocer el destino de sus seres queridos.
La recuperación de los restos y su posterior identificación también contribuyen a reconstruir la historia de las víctimas del terrorismo de Estado y a fortalecer las políticas de memoria, verdad y justicia en Argentina.
