El Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO) tiene capacidad para 5.100 internos. El Gobierno de Laura Fernández también impulsa reformas penales para combatir a las organizaciones criminales.
Costa Rica profundiza su estrategia de seguridad con medidas inspiradas en el modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele. El 14 de octubre, la presidenta Laura Fernández inauguró el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), una megacárcel de máxima seguridad con capacidad para 5.100 personas privadas de la libertad.
El establecimiento, ubicado en el complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, fue diseñado para alojar a integrantes de organizaciones criminales considerados de alto riesgo. Su construcción demandó una inversión oficial de aproximadamente 33,16 millones de dólares.
El complejo cuenta con cinco módulos, cada uno con 17 celdas y capacidad para 60 internos por celda. La infraestructura busca reforzar el control penitenciario e impedir que los líderes criminales continúen dirigiendo actividades delictivas desde prisión.
El proyecto tiene como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, una de las principales instalaciones penitenciarias del plan de seguridad de Bukele.
El plan de «cero ocio» y el trabajo de los presos
La estrategia del Gobierno costarricense también incluye el programa «Cero Ocio», que promueve la participación de las personas privadas de libertad en actividades laborales y comunitarias.
El Ejecutivo presentó una iniciativa legislativa para ampliar las oportunidades de trabajo remunerado dentro del sistema penitenciario. El proyecto contempla distribuir los incentivos económicos entre la manutención de los internos, la reparación del daño a las víctimas, el apoyo a sus familias y un fondo de ahorro para cuando recuperen la libertad.
Sin embargo, la aplicación integral de este esquema depende del desarrollo de la iniciativa y de su implementación. Por eso, no corresponde afirmar que todas estas disposiciones ya funcionan en el nuevo centro penitenciario.
Buscan castigar la pertenencia a organizaciones criminales
El endurecimiento de la política de seguridad también alcanza al ámbito penal. En junio, el Gobierno de Fernández presentó un paquete de proyectos para combatir el narcotráfico, la reincidencia delictiva y el crimen organizado.
Entre las propuestas figura una iniciativa que contempla penas de uno a seis años de prisión por pertenecer a organizaciones criminales, con sanciones mayores para determinados supuestos agravados.
El 15 de octubre, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad un dictamen favorable al proyecto. La iniciativa debe continuar su trámite parlamentario antes de convertirse en ley.
El avance legislativo representa un paso importante para la agenda de seguridad del Gobierno, aunque todavía no implica que las nuevas penas estén vigentes.
La inseguridad, uno de los principales desafíos del país
Costa Rica enfrenta un escenario de violencia vinculado, en buena medida, a las disputas entre organizaciones criminales y al narcotráfico.
Según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la tasa de homicidios pasó de 10,7 por cada 100.000 habitantes en 2010 a 16,7 en 2024. Para 2025, el Organismo de Investigación Judicial registró 873 homicidios, frente a los 876 del año anterior.
En este contexto, el Gobierno apuesta por reforzar la infraestructura penitenciaria y modificar las herramientas legales disponibles para perseguir a las organizaciones delictivas.
El modelo salvadoreño se convirtió en una referencia para gobiernos que buscan respuestas más contundentes frente a la inseguridad. Sin embargo, sus resultados y las consecuencias de su aplicación deben evaluarse considerando tanto la evolución de los delitos como las garantías judiciales y los derechos humanos.
La experiencia de Costa Rica abre así un nuevo capítulo en el debate regional sobre las políticas de mano dura: hasta qué punto el modelo de Bukele puede replicarse en otros países latinoamericanos y qué resultados concretos ofrecerá frente al avance del crimen organizado.
