La obra pública en Catamarca vuelve a quedar en el centro del debate moral y judicial, y las más recientes denuncias salpican a la firma Guido Mogetta S.A., con el destape de una trama alarmante.
Se cuestiona el veloz avance de una empresa familiar, obviamente, ligada al poder de turno, porque el ascenso de esta constructora coincide de manera sospechosa con cargos públicos clave.
Mientras el exitoso comprovinciano Franco Mogetta ejercía como secretario de Transporte nacional en el apogeo del gobierno libertario de Milei , los contratos llovían, y Catamarca adjudicó obras multimillonarias a la empresa de su propia familia de origen.
Según reflejan medios nacionales, los montos relevados bajo la administración de Raúl Jalil despiertan profundas sospechas. Son miles de millones de pesos en rutas y puentes otorgados bajo un manto de dudas.
La falta de controles de incompatibilidad en los expedientes locales es un síntoma grave. ¿Cómo es posible que las comisiones evaluadoras ignoraran la Ley de Ética Pública?
La connivencia o la negligencia institucional parecen haber pavimentado este camino dorado, y para la opinión pública, el escenario no es más que un burdo conflicto de intereses.
No se trata de cuestionar la capacidad técnica de una firma con décadas en el sector, lo que se objeta es el privilegio sistemático que erosiona la libre competencia real.
La sombra de un pacto político entre la gobernación y la Nación agranda el escándalo, porque se sospecha que estas adjudicaciones fueron un canje, quizás por apoyo político en el Congreso nacional, quizás por peajes anticipados.
Los rumores crecen, y para apagarlos la única salida es esclarecer el origen y el destino de cada peso invertido o comprometido.
Hay que estar atentos porque la diputada Marcela Pagano formalizó una denuncia penal que trasciende las fronteras locales, y ya se instaló el temor de que operadores locales tengan que rendir cuentas en Comodoro Py..
El entramado expone cómo la firma saltó del ámbito provincial a un estratégico corredor nacional, y la entrega de rentables tramos de rutas encendió más alarmas.
Todo parece indicar una matriz diseñada con antelación desde las oficinas ministeriales, y la Justicia Federal tiene ahora la ineludible responsabilidad de investigar a fondo.
No basta con desmentidas mediáticas ni con escudarse en el linaje empresarial tradicional, es necesario peritar cada licitación y comprobar si existió información privilegiada.
La provincia arrastra una larga historia de sospechas vinculadas a la obra pública, y el mote de “el Lázaro catamarqueño” que empieza a circular en los pasillos no es casualidad. Refleja el hartazgo de una sociedad civil que observa la opulencia de unos pocos beneficiados.
Mientras tanto, la crisis económica golpea con fuerza a los sectores más vulnerables de la región, y es inaceptable que los recursos provinciales sigan cartelizados en manos predilectas.
Los organismos de control del Estado deben dejar de ser cuevas para el refugio de amigos a sueldo y recuperar su rol auditor.
Quien nada teme, abre las puertas de sus ministerios y exhibe los números con orgullo. La transparencia institucional se demuestra con hechos y con rendición de cuentas clara. Ojalá alguna vez suceda eso en Catamarca.
El catucho.
