Hizo bastante ruido el proyecto impulsado por el gobernador Raúl Jalil, en articulación con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para incentivar el traspaso de empleados públicos al sector privado mediante el cofinanciamiento estatal de hasta el 50 por ciento de los salarios, ha generado diversas críticas sindicales y cuestionamientos sobre su viabilidad laboral y fiscal.
En realidad no es todavía un proyecto, es una idea que tiró al aire para ver qué pasaba, y las reacciones no fueron buenas.
En el plano gremial, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en Catamarca, Ricardo Arévalo, rechazó la iniciativa al advertir que no ofrece garantías laborales a quienes migren al ámbito privado, dejándolos expuestos a despidos ante fluctuaciones económicas. Desde la conducción de ATE sostienen que, aunque el Ejecutivo presenta el régimen como una opción voluntaria, en la práctica podría convertirse en un mecanismo forzoso de reducción de personal. Asimismo, el sindicato plantea que el problema en la provincia no radica en un sobredimensionamiento general, sino en la escasez de trabajadores en sectores esenciales del interior provincial, tales como escuelas, obras públicas y servicios de agua potable.
Por otra parte, existen objeciones vinculadas al contexto económico y a la estructura del Estado. El propio gobernador reconoció una caída en los puestos de trabajo del sector privado en Catamarca, los cuales descendieron de cerca de 40.000 a una franja de entre 35.000 y 37.000 empleos, lo que genera interrogantes sobre la capacidad real de absorción de las empresas locales.
A esto se suma el señalamiento de otros críticos de la medida, quienes advierten que el esquema implica subsidiar con fondos públicos la mano de obra de sectores empresariales concentrados, como la minería y la agroindustria, sin asegurar la creación de empleo genuino a largo plazo.
Paralelamente, diversos sectores de opinión y participantes del debate público provincial cuestionan que la reducción de la planta estatal apunte a los trabajadores de base en lugar de limitar los nombramientos discrecionales, los cargos jerárquicos y las designaciones políticas dentro de la administración.
En otras palabras, la ayuda a los privados ya fracasó varias veces. ¿Cuánta plata pública se mandó a empresas que cerraron y se fueron?
Y si hace falta achicar el Estado, ¿no sería una buena medida dejar de hacer nombramientos de familiares y amigos? Hay miles de ñoquis de lujo en todos los poderes.
Si se hace un organigrama de los parientes de funcionarios y exfuncionarios que viven del Estado, la mayoría sin hacer nada, se vería el destino de millones y millones del presupuesto.
¿Y si una vez recortan por ahí?
