Lo que se esté haciendo, no está funcionando

La viralización de videos íntimos entre adolescentes dentro del ámbito escolar ha dejado de ser un episodio aislado para convertirse en una problemática urgente que interpela a toda nuestra sociedad. Cada pantalla que reproduce sin consentimiento la intimidad de un menor amplifica una forma de violencia digital cuyas secuelas emocionales, sociales y psicológicas pueden ser devastadoras. Frente a esta realidad, señalar únicamente a los jóvenes como responsables resulta tan injusto como ineficaz; estamos ante un fenómeno complejo que exige respuestas articuladas y compromete directamente al Estado, a las escuelas y a las familias.

En primer lugar, el Estado tiene la obligación indelegable de garantizar marcos normativos claros y políticas públicas sostenidas. No basta con sancionar leyes que penen la difusión no consentida de material íntimo; es imprescindible fortalecer los canales de denuncia rápida, exigir a las plataformas digitales protocolos efectivos de remoción inmediata de contenidos y dotar al sistema educativo de recursos reales. Sin presupuestos destinados a la prevención, la capacitación docente y el acompañamiento psicológico gratuito para las víctimas, las normas corren el riesgo de quedar en letra muerta mientras la velocidad de las redes sociales supera cualquier intento de contención.

Por su parte, la escuela ocupa un lugar estratégico e irremplazable como espacio de socialización y construcción de ciudadanía. Aunque el hecho se origine fuera del horario de clase o a través de dispositivos personales, sus consecuencias estallan en los pasillos y en las aulas, afectando el derecho a la educación y la convivencia escolar. Las instituciones educativas deben abandonar las respuestas meramente punitivas o el silencio cómplice para implementar de manera efectiva la prevención, incorporando de lleno la dimensión digital. Hablar de consentimiento, privacidad, huella digital y empatía debe ser tan prioritario como cualquier contenido curricular, acompañando siempre a quien sufre la exposición y evitando cualquier forma de revictimización.

Sin embargo, ninguna política estatal ni proyecto institucional logrará revertir esta tendencia sin el compromiso activo de las familias. En muchos hogares persiste una brecha generacional que lleva a los adultos a delegar la crianza digital en los propios dispositivos, desconociendo los códigos y riesgos de los entornos virtuales que habitan sus hijos. Educar en el respeto por el cuerpo propio y ajeno, dialogar sin tabúes sobre la sexualidad y el uso responsable de la tecnología, y supervisar con afecto y límites claros la vida digital de los adolescentes son tareas cotidianas que no pueden tercerizarse. Asimismo, cuando ocurre un episodio de difusión, las familias de quienes reenvían el material deben asumir la responsabilidad de frenar la cadena y reparar el daño, en lugar de minimizar la conducta bajo excusas de bromas juveniles.

La protección de la intimidad y la dignidad de nuestros jóvenes requiere un pacto ético colectivo. Solo cuando el Estado legisle y asista con eficacia, la escuela eduque y contenga con sensibilidad, y las familias acompañen con presencia real, podremos transformar las aulas y las redes en espacios verdaderamente seguros.

Se dirá todo lo que se está haciendo. Los hechos demuestran que no está funcionando. Se conocieron un par de casos. Cuántos más habrá. Cuánto daño hicieron. Cuánto más daño harán.