El exintendente de Santa Rosa es juzgado este jueves en el Juzgado Correccional N.º 1 por una causa vinculada a la clausura de un comercio en Bañado de Ovanta en 2021. La Fiscalía sostiene que habría utilizado su cargo para emitir una medida contraria a la normativa vigente.
Ramón Elpidio Guaraz enfrenta este jueves un nuevo debate judicial por el presunto delito de abuso de autoridad en calidad de autor, en el marco de una causa que se originó por hechos ocurridos en mayo de 2021 en Bañado de Ovanta.
La audiencia estaba prevista para la semana pasada, pero fue postergada luego de que el exjefe comunal cambiara de abogado defensor. La representación legal quedó a cargo de Jorge Bracamonte (h) y Gabriel Quiroga Barros, en reemplazo de Luciano Rojas.
La imputación se sustenta en los artículos 248 y 45 del Código Penal. Según la Fiscalía, Guaraz habría utilizado atribuciones propias de su función ejecutiva para dictar resoluciones contrarias a las leyes provinciales y a la normativa municipal vigente.
La clausura de un comercio, en el centro de la causa
El expediente investiga la firma del Decreto Municipal N.º 23/2021, mediante el cual se dispuso la clausura preventiva del hospedaje y playa de estacionamiento «San Antonio», administrado por Shirli Claribel Cordero.
De acuerdo con la investigación, el entonces intendente habría impedido que la propietaria regularizara sus obligaciones tributarias mediante el bloqueo de los canales administrativos municipales. Posteriormente, el Ejecutivo local ordenó el cierre total y preventivo del establecimiento.
La Fiscalía sostiene que la medida habría sido utilizada como represalia ante las reiteradas negativas de la comerciante a supuestos acercamientos personales y propuestas de índole sexual atribuidos al exjefe comunal.
En octubre de 2021, la Corte de Justicia de Catamarca intervino en el caso y, por unanimidad, dejó sin efecto el decreto de clausura. La decisión permitió la reapertura del establecimiento.
Guaraz cumple una condena de nueve años de prisión
El exintendente se encuentra detenido en el Servicio Penitenciario Provincial de Miraflores, donde cumple una condena de nueve años de prisión por abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad agravada, en una causa por hechos ocurridos en 2019 contra una menor de edad.
En septiembre de 2024, un tribunal colegiado lo declaró culpable de esos delitos. Posteriormente, en febrero de 2026, la Sala Penal de la Corte de Justicia provincial rechazó los planteos de la defensa, dejó firme la condena y ordenó su inmediato traslado al penal.
El nuevo debate por presunto abuso de autoridad se desarrolla en paralelo a esa condena, aunque corresponde a una causa judicial diferente.
