El Gobierno continúa con su plan de control sobre las universidades nacionales y ha confirmado que está considerando distintas opciones para auditar las 61 universidades bajo su órbita. Actualmente, una resolución de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) bloquea la posibilidad de auditar estas instituciones. A través de la red social X, Sandra Petovello afirmó que no solo se podría avanzar en la anulación de dicha resolución, sino que también se estudian otras vías de acción.
“Estamos trabajando en más de una opción”, indicó Petovello, en relación a la posible anulación de la normativa vigente.
Según la Constitución, los controles internos de los organismos públicos están a cargo de la SIGEN, que responde al gobierno, mientras que los controles externos son realizados por la Auditoría General de la Nación (AGN), dependiente del Congreso.
Durante 2024, la SIGEN llevó a cabo un relevamiento de convenios entre las universidades y diversas reparticiones de la Administración Pública Nacional. El estudio reveló que existen “2245 convenios de asistencia técnica en diferentes áreas, de los cuales 354 corresponden a la Universidad de Buenos Aires (UBA)”.
El organismo también manifestó su intención de “revisar la ejecución de dichos convenios para evaluar si se cumplieron sus objetivos, cuáles fueron los resultados, si la universidad estuvo a cargo de la implementación o si fue subcontratada, y auditar el uso adecuado de los fondos entregados”, según un comunicado oficial.
El foco del conflicto: la falta de auditorías
En un comunicado emitido por el Ministerio de Capital Humano, que supervisa a la Subsecretaría de Políticas Universitarias, se enfatizó la importancia de auditar el uso de los fondos públicos. “Es crucial garantizar la rendición de cuentas de las universidades, en especial la UBA, que no ha cumplido con esta obligación de manera adecuada. Entre 2015 y 2022, el 89% de los fondos transferidos no ha sido rendido”, señaló el comunicado. Además, se aclaró que “las afirmaciones sobre auditorías de la AGN a las universidades no son correctas”.
El documento también especificó que la AGN tiene actualmente seis informes en proceso, y que en los últimos años solo se han aprobado tres informes, de los cuales solo uno está relacionado con la UBA, específicamente la Facultad de Psicología, auditada en 2018. Los otros dos informes corresponden a auditorías realizadas en 2017, lo que, según el Ministerio, desmiente la idea de que las universidades, y en particular la UBA, están más auditadas que otros sectores del Estado.
En relación a la discusión sobre el financiamiento educativo, el gobierno de Javier Milei ha señalado otro aspecto controvertido: el número real de estudiantes regulares en las universidades. “Solo el 40,6% de los estudiantes universitarios son considerados regulares, mientras que el 38,4% no presenta información clara sobre su actividad académica”, aseguró el secretario de Educación, Carlos Torrendell.
El sistema actual de auditoría en la UBA
La Ley de Educación Superior establece que todas las universidades públicas deben contar con mecanismos de auditoría interna que aseguren la transparencia en el uso de los recursos. En el caso de la UBA, esta tarea es realizada por la Auditoría General de la Universidad de Buenos Aires (AGUBA), que elabora y publica informes de cada facultad.
El auditor general de la UBA es designado por el Consejo Superior, integrado por el rector, los decanos de las facultades y representantes de los claustros de profesores, graduados y estudiantes. Los auditores adjuntos son nombrados por el rector. Según el último informe de Planeamiento, la AGUBA cuenta con un equipo de 26 personas, entre auditores, directores, supervisores y secretarios, encargados de garantizar el correcto manejo de los recursos de la universidad.