Se trata de dos médicos, una trabajadora social y un policía. La familia de la joven insiste en que los responsables son los funcionarios del Ministerio de Salud cordobés.
La fiscalía de Huinca Renancó, en Córdoba, pidió elevar a juicio a dos médicos, una trabajadora social y un policía por impedir el paso de Pablo Musse a esa provincia, antes de que su hija Solange falleciera de cáncer en agosto de 2020, cuando regían restricciones de circulación por la pandemia de coronavirus.
A casi dos años del indignante hecho, el fiscal Marcelo Saragusti solicitó la elevación a juicio de los imputados como probables coautores de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Se trata del médico Eduardo Javier Andrada y la trabajadora Analía Morales, del exCOE (Centros de Operaciones de Emergencia) como probables coautores de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
También irán a juicio el cirujano Sergio José Alí como posible partícipe necesario y el suboficial Darío Javier Mansilla, como supuesto autor de omisión de los deberes del oficio, según confirmó el diario local La Voz.
“Es una caricia, pero no es lo que esperábamos porque solo hay cuatro imputados. Sabemos que actuaron por órdenes de gente de más arriba, de los directores del COE y del Ministerio de Salud de Córdoba”, expresó Pablo en diálogo con TN.
En esa línea, sostuvo: “Los funcionarios no tuvieron la humanidad ni la empatía de ponerse en el lugar de Sol”. El padre de la joven aseguró que no van a descansar “hasta que paguen los que dieron la orden” porque el principal objetivo desde el primer minuto fue “pedir justicia por Solange”.
Solange Musse: el caso que conmocionó en plena cuarentena
Todo comenzó en 2020 cuando viajó a Córdoba a ver a su hija que padecía un cáncer terminal y estaba internada. En aquel momento presentó la documentación requerida para viajar, lo que incluía el pedido de circulación especial de alcance nacional junto con el de su cuñada, que los autorizaba a viajar desde Plottier hasta la ciudad de Córdoba y también el certificado de regreso a su casa. Sin embargo, le prohibieron la entrada a la provincia porque el test le dio “dudoso” y tuvo que regresar sin poder ver a Solange.
La mujer de 35 años murió pocas semanas después sin poder despedirse de sus seres queridos. Dejó escrita una carta en la que expresaba el dolor de no poder verlos por última vez: “‘Siento tanta impotencia de que sean arrebatados los derechos de mi padre para verme y a mí para verlo. Hasta mi último suspiro tengo mis derechos’”.
La denuncia presentada por el abogado Carlos Nayi plantea que se habría violado el Protocolo 48 sobre la circulación de personas en territorio cordobés porque el texto menciona que “los que no residían en Córdoba podrían ingresar y transitar dentro de la provincia en casos de ‘fuerza mayor’”, como el fallecimiento de un familiar directo o la asistencia a familiares y a los adultos mayores.
