“En el marco del conflicto minero de la población de Choya y Andalgalá, el cual lleva mas de veinte años, en la mañana de hoy el Gobierno de Jalil y el Poder Judicial de Andalgalá, a través del Fiscal Martín Camps, ordenó un importante despliegue de las fuerzas policiales para garantizar la impunidad a 4.000 msnm la impunidad de la empresa minera (proyecto MARA) reprimiendo solapadamente a la población de Andalgalá que se encontraba en uno de los ingresos de la empresa hacia el yacimiento minero Agua Rica”, denunciaron en sus redes sociales miembros de la Asamblea El Algarrobo.
En el mismo texto manifiestan: “denunciamos por este medio a todas las autoridades provinciales y nacionales que hace años conocen del reclamo de Andalgalá, que agotó las instancias institucionales, recurriendo a todos los organismos del Estado, a la Justicia, a las herramientas democráticas, a la movilización social, a la libre expresión en todos sus ámbitos, y pese a tener un fallo de la SCJN a favor, no hemos sido escuchados ni se nos ha brindado ninguna garantía, solo persecución, amenazas, represión, torturas y palos para nuestros pueblos. De acá en adelante, sea lo que sea que pase, la responsabilidad será solo del gobierno de la provincia y de la justicia catamarqueña.”
