La Corte Suprema de Justicia todavía no tomó una decisión sobre el conflicto judicial en torno a la Ley de Financiamiento Universitario, una demora que le permite al Gobierno nacional ganar tiempo en medio de su estrategia para sostener el superávit fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La norma había sido aprobada por el Congreso con el objetivo de actualizar automáticamente las partidas destinadas a las universidades nacionales y recomponer salarios docentes y no docentes. Sin embargo, el presidente Javier Milei decidió vetarla al considerar que implicaba un gasto incompatible con el programa económico de ajuste impulsado por su administración.
Tras el veto presidencial y la posterior ratificación legislativa de la ley, distintos sectores universitarios recurrieron a la Justicia para exigir su aplicación efectiva. El expediente llegó finalmente a la Corte Suprema, aunque el máximo tribunal aún no definió si intervendrá de manera directa sobre el fondo de la cuestión.
Mientras continúa la indefinición judicial, el Ejecutivo mantiene suspendida la implementación de la norma y evita incorporar nuevos compromisos de gasto permanente. Según distintas estimaciones, aplicar plenamente la ley tendría un fuerte impacto fiscal y podría complicar las metas de equilibrio financiero asumidas por la Argentina ante el FMI.
Desde el ámbito universitario, en cambio, advierten sobre un deterioro creciente del sistema público de educación superior. Rectores, gremios y estudiantes denuncian recortes presupuestarios, pérdida salarial y dificultades para sostener el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio, incluyendo becas, investigación y hospitales universitarios.
El conflicto escaló en las últimas semanas con nuevas marchas federales universitarias en distintos puntos del país. Miles de estudiantes, docentes y autoridades académicas reclamaron que el Gobierno cumpla con la ley y exigieron una rápida resolución judicial. Además, solicitaron públicamente que la Corte Suprema se expida “a la mayor brevedad” para destrabar la situación.
Dentro de la propia Corte existen diferencias sobre cómo abordar el expediente. Algunos sectores consideran que el tribunal debería evitar involucrarse rápidamente en una discusión de fuerte impacto político y presupuestario, mientras otros sostienen que la demora termina favoreciendo indirectamente la estrategia oficial.
Por ahora, la falta de una definición judicial le permite al Gobierno continuar con su esquema fiscal sin modificar las cuentas públicas. Sin embargo, el conflicto universitario permanece abierto y podría profundizarse si la situación presupuestaria de las universidades nacionales continúa deteriorándose en los próximos meses.
