El gobierno de Bolivia puso en marcha un amplio operativo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía para despejar rutas bloqueadas en diferentes regiones del país, luego de once días consecutivos de protestas y cortes impulsados por sectores vinculados al expresidente Evo Morales. La medida busca restablecer el tránsito, garantizar el abastecimiento y reducir el impacto económico generado por las manifestaciones.
Los principales bloqueos se concentraron en Cochabamba, Santa Cruz y otras rutas estratégicas que conectan el occidente y el oriente boliviano. Según denunciaron cámaras empresariales y transportistas, las protestas provocaron desabastecimiento de combustible, demoras en la distribución de alimentos y pérdidas millonarias para distintos sectores productivos.
El presidente Luis Arce defendió el despliegue de fuerzas de seguridad y aseguró que el Estado “no permitirá el aislamiento de ciudades ni el perjuicio a la población”. Desde el Ejecutivo señalaron además que el operativo se desarrollará de forma gradual y priorizando la negociación para evitar enfrentamientos mayores.
Las protestas fueron impulsadas por organizaciones sociales y grupos cercanos a Evo Morales, que reclaman soluciones económicas y cuestionan decisiones del gobierno nacional. También exigen la habilitación política del exmandatario de cara a las elecciones presidenciales previstas para 2027, en medio de una fuerte interna dentro del Movimiento al Socialismo (MAS).
Durante los operativos se registraron incidentes aislados, enfrentamientos y el uso de gases lacrimógenos en algunos puntos de bloqueo. Organizaciones de derechos humanos pidieron moderación a las fuerzas de seguridad y reclamaron que se garantice el derecho a la protesta sin excesos represivos.
